En la política, como en cualquier otra actividad, se dan situaciones paradójicas. La campaña electoral no reveló ningún dato interesante que contribuyera a formar la decisión del voto de los ciudadanos, pero en estos días sucedieron varios hechos muy sensibles para orientar el elector, que no fueron protagonizados por candidatos y partidos.
El Ministerio de Hacienda detectó que el Principado infló los presupuestos de 2015 en 24 millones de euros. Asturias va a recibir del Estado 2.538 millones, a cuenta del sistema de financiación autonómica, pero la consejera de Hacienda anotó 2.382 en las cuentas. Un baile de cifras propio de un contable avispado. En los presupuestos del Estado constan los 2.538, pero Dolores Carcedo aumentó la cifra al trasladarla el presupuesto regional. Cuando se tienen miles de funcionarios trabajando para uno se pueden hacer esos cambalaches; como la oposición no tiene a su servicio esa legión de empleados se queda a dos velas, ignorante de los apaños.
¿Para qué necesita Carcedo incurrir en prácticas que le causan una vergüenza infinita? Muy sencillo, porque hay muchos gastos que pagar. En el presupuesto de 2015, fruto del pacto PSOE-PP, había un capítulo entero para piscinas -construir, climatizar, etcétera- que hicieron felices a varios alcaldes. Equipamientos magníficos que se convierten en un engorro cuando hay que pagarlos. El otro día me decía un líder-lideresa que si llegara al Gobierno encargaría una auditoría. Ahora lo entiendo.
La mayoría de los candidatos anunciaron rebajas de impuestos, apoyados en la agobiante presión fiscal y la necesidad de relanzar el consumo y dar aire a las empresas. Todo muy razonable, pero Cristóbal Montoro, en el Programa de Estabilidad que remitió a Bruselas, fijó taxativamente alzas fiscales en las comunidades autónomas para 2016, con el objetivo de recaudar 600 millones de euros adicionales. 350 de ellos se ingresarán con subidas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El resto en tasas medioambientales.
¿Cómo puede el PP vender rebajas fiscales si el Gobierno de Rajoy asume un compromiso, en dirección contraria, con la Comisión Europea? Como estamos en año electoral, los partidos han aparcado la asignatura de la reducción del déficit, pero Bruselas nos va a examinar a finales de año de todas las asignaturas del curso, más las que llevamos arrastrando del anterior (17.541 millones de euros). Aviso para los que formen el nuevo gobierno asturiano: Rajoy ya firmó que no se repongan plazas de funcionarios jubilados hasta 2018. Vuelven los famosos recortes.
Anulado, definitivamente, el Plan de Urbanismo de Gijón. La sentencia se justifica en un déficit de participación ciudadana. No lo entiendo. ¿No habíamos quedado en que la izquierda siempre apelaba a la participación popular y la derecha era elitista? Con el Plan de Urbanismo les tocó hacer una excepción y los magistrados no tragaron.
Comprendo que hay muchos intereses en juego, pero el equipo de gobierno de la nueva corporación municipal debería evitar por todos los medios seguir una vía que desemboque en una tercera anulación. No es un orgullo haber cosechado dos sentencias anulatorias, pero una tercera sería un completo desastre. No sería otro golpe para el sector de la construcción, sino que quedaría manchada la imagen de la ciudad. El famoso “tira p’alante que libras” de Gabino de Lorenzo que quede circunscrito a Oviedo, con la operación de los palacios. Gijón no es Marbella ni Castro Urdiales. Tampoco nos merecemos abrir otra guerra con los vecinos de la zona rural que bastantes penalidades pasaron luchando contra los dos planes anulados.
Durante la campaña electoral llegó la noticia de los imputados por la ampliación de El Musel. Sospecho que en esta cuestión no habrá medias tintas: o el juez desestima el asunto o por la Audiencia Nacional pasará una parte del “establishment” causando daños colaterales en las instituciones asturianas.