Pedro Sánchez y Meritxell Batet fijaron, por teléfono, la fecha de la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados para el día 22 de julio. Tres meses después de la celebración de las elecciones generales; dos meses y medio más tarde de haber tenido lugar los primeros contactos entre el ganador de los comicios y el resto de líderes parlamentarios, mes y medio después de la ronda de entrevistas del Rey con los portavoces parlamentarios.
Desde la noche del recuento electoral se vio que ningún dirigente tenía prisa por reanudar la normal actividad institucional. Primero inventaron la disculpa de que hasta después de las elecciones autonómicas no se podía negociar la investidura porque podía perjudicar a los candidatos de los distintos territorios. Luego, se sacaron de la manga que debían elegirse alcaldes y presidentes de autonomías antes de que Sánchez compareciera en la Cámara baja.
Por la vía de los aplazamientos no se ha formado ni la Diputación Permanente del Congreso. No se legisla ni hay sesiones de control del Gobierno desde el mes de marzo. La actividad o, mejor, la falta de la misma, llevan a que el Parlamento español se asemeje, peligrosamente, al Parlamento catalán. Dos cámaras artificialmente desprovistas de contenido, inhabilitadas para su función.
La investidura se demora como nunca había sucedido. Ni siquiera en el invierno de 2016, cuando el ganador de las elecciones (Mariano Rajoy) renunció a defender su derecho a ser investido presidente, tardó tanto un líder parlamentario (Sánchez) en defender su programa de gobierno ante los diputados.
Bloqueo
El asunto es tan excepcional que se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que la fecha no se retrasa aún más porque el mes de agosto está reservado para las vacaciones oficiales y no se atreven a postergar el debate a septiembre.
Estamos hablando de la investidura del líder de una formación que casi dobla en escaños al segundo partido y que tiene los mismos diputados que el segundo y tercer partido juntos. Solo cuatro veces en la etapa democrática hubo mayor diferencia de escaños entre los dos grupos más numerosos. Basta saber sumar para deducir que, en esta ocasión, Pedro Sánchez no tiene alternativa. La única forma de impedirlo es optando por el bloqueo que conduce a la repetición de los comicios.
Ante la evidencia de la aritmética se alza la pulsión del poder. En ausencia de un ganador por mayoría absoluta, todos los grupos pelean por mejorar la posición que obtuvieron en las urnas. No importa la crisis catalana, la sostenibilidad de las pensiones, la reforma del mercado del trabajo, la financiación autonómica, la industria electrointensiva, la deuda pública, la reforma del modelo energético, la baja productividad, las mejoras en la educación, el control del déficit público… ¡Una década luchando contra el déficit! Todos los problemas pueden esperar hasta que se decante el pulso por el poder.
Pablo Iglesias exige entrar en el gobierno para investir a Sánchez, y Pablo Casado y Albert Rivera no quieren cooperar en la gobernabilidad del país para no reforzar a Sánchez. España y los españoles no importamos nada ante las estrategias de los partidos. Es un tanto grotesco que el futuro del país dependa de que Iglesias se siente o no en la mesa del Consejo de Ministros.
Desde las elecciones generales de diciembre de 2015, España tiene problemas serios de gobernabilidad. Al pasar de un sistema bipartidista al cuatripartito hay una permanente sensación de crisis institucional. Es la tercera vez consecutiva en que hay serias dificultades para elegir un presidente.
La elite política no entiende que con cuatro grupos parlamentarios, más o menos grandes, tiene que haber un mayor nivel de diálogo, negociación y compromiso. Se puede estar en la oposición y abstenerse en la investidura de un rival que haya ganado los comicios. Optar por el bloqueo, por el «no es no», como hacen ahora Casado y Rivera –y como hizo Pedro Sánchez en 2016– es apuntarse al deterioro institucional.
Tarde o temprano habrá que elegir. O los líderes políticos asumen que de un Congreso de los Diputados fragmentado se derivan compromisos ineludibles de las principales fuerzas con la gobernabilidad de las instituciones o se cambia el sistema electoral, de proporcional a mayoritario, para facilitar la formación de gobiernos. Si los políticos no saben hacer su trabajo se da a los ciudadanos la oportunidad de acabar con el colapso.
Asturias
En Asturias, sin ser un modelo en la materia, se va a solventar en cincuenta días la investidura de Adrián Barbón. El triunfo del dirigente asturiano fue aún más amplio que el de Pedro Sánchez y, en segunda votación, saldrá elegido.
Para ser investido en la primera votación hace falta el respaldo de la mayoría absoluta, que es tanto como decir el apoyo de Podemos. Tras la composición de la Mesa de la Junta, el reparto de asesores entre grupos y la indemnización por cese en el escaño de los diputados, el acuerdo entre PSOE y Podemos está complicado.
Barbón quiere atar un pacto de las izquierdas (PSOE, Podemos e IU) para la investidura, pero tal vez la fruta no esté madura. En otoño será otro cantar.