El debate sobre el presupuesto del Principado queda falseado cuando la ejecución de las cuentas dista mucho de lo previsto. No se puede decir que gastamos tanto en industria o infraestructuras si al final queda una parte sustancial de la cuantía sin tocar. Al repetirse esta situación año tras año, la anomalía se convierte en estructural, de forma que Gobierno y oposición discuten sobre cifras irreales. En el año 2020 se presupuestaron 366 millones en inversiones y se consumieron 240 (66% invertido del total). En 2021, se aprobaron 490 millones y se gastaron 337 (69%). Y el año pasado estaban reservados 694 millones, de los que solo 415 se ejecutaron (60%). En cifras absolutas en cada ejercicio se gasta más dinero y en cada año el fondo que se acumula sin gastar es más grande. En cifras relativas, la peor gestión presupuestaria fue la de 2022, al quedar el 40% de los recursos sin activar. No estamos hablando de una cuestión menor, al contrario, la administración de las cuentas anuales es la principal responsabilidad de un gobierno. Los déficits en inversiones productivas o en servicios sociales se agigantan cuando deja una parte sustancial de los recursos sin emplear.

La primera reflexión que se me ocurre es que se dedica mucha energía en la negociación presupuestaria por parte de Gobierno y oposición, y poco empeño en aplicar lo pactado. La mayor responsabilidad, sin duda, es la del Gobierno, pero me llama poderosamente la atención que los grupos de la oposición no vigilen, mes tras mes, cómo se gasta el dinero reservado. Debería haber al finalizar cada trimestre un pleno de la Junta General del Principado sobre la ejecución del presupuesto. Si no hay controles sistemáticos se convertirá en crónico el alto porcentaje de presupuesto fallido.

Urge saber por qué hay tantas dificultades para consumir los recursos aprobados. Ignoro qué mecanismos habrá que modificar, pero es evidente que para gastar el 100% de lo previsto hay que reformar la Administración. Igual que tienen mucha importancia la Ley de Empleo Público y la Ley de Calidad Ambiental para dinamizar los procedimientos administrativos, imagino que habrá que estudiar con detalle qué falla en las consejerías para que no sean capaces de cumplir los planes que ellas mismas se trazaron. Un ejemplo es el dinero que llegó de Europa por la vía de los fondos de Next Generation. De los 190,7 millones, sólo fueron desembolsados 40,6 para empresas y ciudadanos. Estamos ante un problema grave que urge solucionar.