En el último pleno de la legislatura se va a aprobar una iniciativa presentada por el grupo parlamentario socialista en los inicios del mandato. Los socialistas proponen que los diputados cobren una «indemnización transitoria» al abandonar el escaño, ya que no tienen una prestación por desempleo. Cobrarían la remuneración de un mes por cada año trabajado, con un máximo de doce. La idea ha sido muy bien acogida por la Cámara. Esta vez no hay división de bloques, ya que izquierdas y derechas coinciden en que es un acierto, con algunas excepciones, como Daniel Ripa (Podemos), que ya en su día calificó la propuesta de «reparto de un botín», o Álvarez Rouco (Vox), que cree que el beneficio de los políticos se hace a costa de los servicios sociales. El resto votará sin mayores deliberaciones, porque todo lo que nos beneficia está contemplado en el Derecho Natural.

No entiendo que lo llamen indemnización cuando no hay ningún daño ni perjuicio que reparar. Nadie los despide, al igual que nadie los contrató. Tampoco los trabajadores autónomos cobran indemnización, salvo los llamados ‘autónomos dependientes’, en los que todos sus ingresos proceden de un solo cliente. Serán indemnizados cuando el cliente incumple el acuerdo o lo clausura sin motivo. Los diputados tienen otro estatus. Tampoco entiendo que a la supuesta indemnización la califiquen de ‘transitoria’, a no ser que con la palabra sólo busquen amortiguar la irritación del respetable.

La argumentación tiene una parte cómica o cínica, según quien la lea, al decir que la supuesta indemnización busca compensar el hecho de que no cotizan a la Seguridad Social. Bonito juego de manos: no cotizo, luego cobro más, pero como no tengo prestación de desempleo, los ciudadanos me pagan como si cotizara. Podían haber formado un fondo con aportaciones mensuales para, luego, al abandonar el Parlamento, recibir una renta transitoria del fondo. Una especie de plan de pensiones asociado, pero es mucho más fácil utilizar el BOPA para cobrar en cuatro años sesenta pagas. Me gustaron dos explicaciones del personal afectado. Susana Fernández (Ciudadanos): «No puede otorgarnos más privilegios que a cualquier otro trabajador, pero tampoco menos». Claro que sí, qué sería de un escaño sin privilegios. Adrián Pumares (Foro): «Esperamos que la reforma del reglamento permita a la Junta General adaptarse a las nuevas necesidades». Desde luego, es una necesidad acuciante para los que viven del escaño. Urge asegurar el futuro.