En el Consejo de Gobierno del Principado se aprobó el proyecto de Ley de Reto Demográfico, siendo, a continuación, remitido a la Junta General del Principado. La legislatura ya se acaba y no quedará tiempo ni siquiera para empezar la tramitación. Tras los comicios del 28 de mayo, una vez formado el nuevo Gobierno, tendrá que volver a registrarse en la Cámara para iniciar el trámite. Para el vicepresidente, Juan Cofiño, la entrada del proyecto en la Junta General del Principado es un «gesto político».

El proyecto contó, en su día, con el apoyo de 43 de los 45 diputados. Es una pena que una norma que cuenta con tanto respaldo no se haya podido aprobar antes para que se validara en el actual mandato. El declive demográfico es el principal problema de la región, el fenómeno que más nos empobrece, con una pérdida de capital humano que impide que haya relevo en los puestos de trabajo del sector industrial y en las explotaciones agrarias. Tampoco hay relevo en las empresas familiares de servicios, contribuyendo a que los escaparates de las ciudades repitan las fórmulas de rigor: ‘se alquila’, ‘se traspasa’. De no detener la secuencia del declive nos convertiremos en un territorio de pocos y viejos, necesariamente subsidiado por el Estado, que es tanto como decir, por el resto de regiones. Vista la manera de funcionar de los políticos y la Administración, el arma para asumir el reto demográfico no estará lista hasta dentro de bastantes meses, en el mejor de los casos. Digo esto último, porque con la disolución del Parlamento acaba un ciclo político y el futuro es inescrutable. El próximo Gobierno puede tener otras prioridades y dejar el proyecto aparcado en vía muerta. Había condiciones favorables para haber rematado el trabajo antes de finalizar la legislatura, pero tenemos unas instituciones que avanzan a cámara lenta. Se tarda mucho tiempo en tomar decisiones y más aún en ejecutarlas. Una realidad palpable a la que la clase política, por razones que se me escapan, no le da la importancia que tiene.

En lo concreto, las ayudas a la natalidad están aprobadas y cuentan con cobertura presupuestaria. Este año habrá miles de parejas que se beneficiarán de ellas. Aunque hay posturas encontradas sobre las ayudas directas (Podemos, IU y los sindicatos son contrarios a ellas), no creo que haya otro instrumento a corto plazo que pueda ser más eficaz para el fin pretendido. El problema no se va a resolver en diez o quince años, pero lo importante es dar el primer paso. Cuanto antes.