Las leyes de Empleo Público y Calidad Ambiental han sido aprobadas en la Junta General del Principado cuando se acaba el tiempo de la legislatura. Un año entero llevó tramitarlas en la Cámara. El vicepresidente, Juan Cofiño, fue quien las impulso para reformar la Administración autonómica, cometido que le asignó Adrián Barbón. Como los políticos leen los periódicos, en los dos últimos años empezaron a hablar de reducir la burocracia, un objetivo que adquiere tintes épicos cuando lo formula el presidente del Principado, al declarar la «guerra a la burocracia». Aunque este asunto daría para mucho, porque la lucha contra la burocracia empezó antes de la Revolución Francesa, nos conformaremos con esperar a los resultados prácticos.

Considero absolutamente necesario reformar la Administración autonómica, porque en vez de estar al servicio de los ciudadanos se ha convertido en un obstáculo que frustra sus mejores iniciativas y, para colmo, nos sale muy cara. Hay que reducir los trámites, acortar el tiempo de respuesta al ciudadano y recortar su tamaño. Con el paso de los años se fue hipertrofiando, lo que ha redundado en un peor servicio. La nueva Ley de Empleo pone el énfasis en evaluar el trabajo de los funcionarios, para premiar su productividad con un plus. En caso de que el resultado sea negativo, deberán pasar por un proceso de formación en las competencias de su puesto de trabajo. Si acumularan dos resultados negativos perderían la adscripción al puesto de trabajo; tampoco contarían para la antigüedad los años de trabajo que desembocaron en evaluaciones suspensas. Si son tres o más las evaluaciones negativas, la respuesta de la Administración estará contenida en un futuro reglamento. No se sabe quién va a examinar. Se barajan varias alternativas: crear órganos en la Administración especializados en esa tarea o establecer una evaluación mixta, con nota del superior jerárquico al funcionario que se examina y valoración de la Inspección General de Servicios. La ley deja en manos de futuros reglamentos la concreción de asuntos fundamentales para echar a andar la Ley de Empleo Público.

El trámite parlamentario no mejoró la norma. La oposición no se atrevió a cargar con la responsabilidad de acabar con las indefiniciones del proyecto y se limitó a hacer aportaciones políticamente correctas. El problema de fondo es que falta una ley estatal que acabe con el café para todos. Sin ella, el Principado hace equilibrios sobre el alambre, que no es poco.