Dejando a un lado el impacto sobre la salud, que fue el principal efecto de la pandemia, una de las consecuencias más destacadas de la lucha contra el virus fue el cambio que introdujo en las relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas. El blindaje de los servicios públicos durante el confinamiento resultó obligado, ya que se buscaba, por encima de cualquier otra consideración, reducir el número de contagios. Sin embargo, la llegada de la normalidad, algo que el presidente Pedro Sánchez anunció en el mes de junio de 2020, no trajo consigo el tipo de relaciones que había antes de la pandemia. Nada volvió a ser igual. Ni siquiera en las administraciones como la del Principado, donde el trámite de la cita previa para ser atendido por los funcionarios se eliminó hace año y medio.

Los cambios introducidos tienen que ver con dos objetivos: ahorrar costes y someter a algún tipo de filtro el acceso de los ciudadanos a la Administración. La medida del teletrabajo, sospechosamente alabada desde el primer día que se puso en práctica, reduce gastos. Si los empleados laboran desde su casa, el gasto corriente disminuye. Otra cosa es que caiga en picado la productividad, pero eso a nuestra clase política le suena a sánscrito. La extensión del teletrabajo contribuye a los dos objetivos, porque se reducen costes y quedan menos funcionarios para atender al público. Como a la fuerza ahorcan, cuando se dificulta la accesibilidad a un servicio el público se resigna a intentar la comunicación telemática, pese a lo engorroso que resulte. Quizás la cuestión sea más angustiosa cuando se trate de una consulta médica. Estar días tratando de concretar una cita por vía telefónica es frustrante. La demanda en los centros de salud tiene en las personas octogenarias y nonagenarias sus principales clientes y no se les puede despachar a distancia. Como en el año 2020 se creó un nuevo modelo de relación, ahora hay responsables políticos o funcionarios que hablan de un «exceso de accesibilidad», lo que da una idea del cambio de mentalidad operado.

En la etapa postpandemia los servicios públicos se han vuelto conflictivos, sobre todo la sanidad, con los profesionales protestando por el exceso de trabajo y los bajos sueldos, y la gente harta ante la pérdida de calidad en la prestación del servicio. No basta con decir que todos tienen razón, sino que hay que adoptar medidas que atenúen la insatisfacción de los profesionales y de los ciudadanos. En definitiva, un problema de gestión.