El Principado empieza a desarrollar, desde hoy, la estrategia asturiana para la abolición de la prostitución. ¿Por qué se ha esperado hasta este momento? Porque faltan sesenta días para los comicios y toca utilizarla como arma electoral. El Gobierno socialista pone sobre la mesa un asunto que no exige másteres habilitantes de competencias, ya que es abarcable por todo el censo electoral, con independencia de su grado de instrucción. Abolir la prostitución es un objetivo que sintoniza con el movimiento feminista y con el deseo de las personas bien pensantes, por eso es oportuno abanderarlo en vísperas de la campaña. Otra cosa es que se pueda resolver con el recetario oficial.

Me llama poderosamente la atención que haya una política asturiana ante un trueque (sexo por bienes o dinero) del que hay referencias en el Génesis. No creo que la prostitución admita un tratamiento autonómico, ya que en todas las regiones funciona el mismo estereotipo, aunque quizás haya diferencias de precio. En EE UU, donde la lucha contra la prostitución estuvo ligada a la abolición de la esclavitud, las cosas no mejoran, aunque casi hay una ley sobre la materia por cada estado. El Principado propone prevenir la prostitución y perseguir a los proxenetas. No hace falta abundar en argumentos para sumarse a esas dos propuestas. Es preciso que las mujeres sin recursos antes de que caigan en las redes de la prostitución, tengan otras vías para ganarse la vida; la figura del proxeneta está vinculada al abuso y la violencia. El problema empieza cuando se discute si el objetivo de la abolición abarca los acuerdos entre prostituta y cliente, sin mediadores y sin que se realice el servicio en lupanares con firma comercial. Es decir, en casa de ella o de él ¿Se va a atrever el Principado a perseguir a clientes o prostitutas por practicar ese tipo de relación? Sospecho que no. De hecho, la ley para abolir la prostitución que el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado en el Congreso de los Diputados, y que se tramita con extrema lentitud, ha pasado del abolicionismo radical al tratamiento matizado. Lo más significativo ocurrió cuando la CUP presentó una enmienda para legalizar el servicio sexual, que fue respaldada por ERC, En Comú (Ada Colau), PDeCat y Ciudadanos, absteniéndose el PNV y Bildu. Puede salir adelante la norma con el PP y Vox, pero eso ya se hizo con la ley del solo sí es sí y al votar en el Congreso solo estaban sentadas en el banco azul Montero y Belarra. Pronostico un abolicionismo de según y cómo.