En una estancia grande, vacía, sólo habitada por dos butacas con hechuras de silla, recibió Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, para pedirle que autorice su investidura como presidente del Gobierno de España.

Desde las elecciones de diciembre de 2015, las entrevistas de Sánchez con los máximos dirigentes del PP (Rajoy, Casado, Feijóo) terminaron sin acuerdo. La falta de la más elemental entente entre los líderes es la causa de ocho años de desvarío político, permitiendo que los problemas de España queden en manos de terceros partidos que conceden la mayoría parlamentaria, tanto sean populistas de nuevo cuño, como líderes del viejo nacionalismo; unos y otros son capaces de formular propuestas contrarias a los intereses de los españoles y de colaborar a crear nuevas dificultades: la descatalogación de delitos graves (sedición) o el arrinconamiento de la Constitución, sustituida por acuerdos entre elites políticas ajenos al Parlamento (Urkullu).

Feijóo pidió dos años de mandato, con el compromiso de convocar elecciones al finalizar el plazo. Una propuesta floja, sin atractivo para los ciudadanos ni para el hipotético socio. La gente está harta de ir a las urnas. Acaba de votar dos veces (mayo, julio), y Feijóo les anuncia que la legislatura durará dos años. Un periodo corto que se viviría íntegramente en clave electoral. Sánchez está dispuesto a rechazar cualquier oferta, porque aspira a ser investido como presidente en octubre, pero la iniciativa de Feijóo no le pone en ningún aprieto ante la sociedad. Una vez más tengo dudas sobre la competencia del equipo de colaboradores de Feijóo.

La oferta más generosa del PP a Sánchez la hizo Rajoy en 2016. Acababan de repetirse las elecciones generales (20 diciembre 2015, 26 junio 2016). El PP había logrado 137 escaños, los mismos que tiene ahora con Feijóo. El PSOE había sacado 85 diputados, su peor registro de la democracia. Rajoy ofreció a Sánchez un gobierno de coalición, con paridad de ministros y él de vicepresidente. El líder socialista lo rechazó. Fue una ocasión histórica. El PP había ganado con 52 escaños de diferencia sobre el PSOE y, pese a ello, Sánchez se cerró en banda. La historia de España hubiera sido distinta con un secretario general del PSOE menos sectario.

Ante la falta de argumentos, hizo fortuna una frase simple, ‘no es no’, la tautología más famosa de la política española que, pasmosamente, se convirtió en línea estratégica y bandera de la facción socialista (‘sanchismo’) que apoyaba al líder.

Como premisa del análisis, doy por fallida la candidatura de Feijóo a la investidura. El tema del otoño está en las condiciones que exigirán los aliados de Sánchez para investirlo.

Hace un mes sugeríamos en estas líneas que la negociación política sería entre el PSOE y los grupos nacionalistas. Sumar no va a repetir el rol que jugó Podemos tras las elecciones de 2019. No está en condiciones de hablarle de igual a igual a los socialistas. Estoy seguro de que llegado el caso harán el paripé, socialistas y ‘sumandos’ (los integrantes de Sumar son, lógicamente, ‘sumandos’), al entablar un proceso de negociación hasta llegar al final feliz. Sumar sólo aspira al oxígeno que se respira al formar parte del Gobierno.

La negociación de los socialistas será con ERC, Junts, Bildu y PNV. Se conocen las peticiones de amnistía y referéndum de autodeterminación de los independentistas catalanes. También su petición de quita de deuda: Cataluña debe al Estado 71.582 millones. Si se los ‘perdona’ Hacienda, los tendremos que sufragar entre el resto de españoles.

Bildu se mantiene silente, o trabaja en la clandestinidad, su ecosistema natural. El PNV ha hablado a través del lehendakari. Quieren pura y simplemente cambiar el sistema político, crear tres comunidades privilegiadas, capaces de entenderse con el Estado a través de la bilateralidad. Exigen el reconocimiento de nación para su territorio y piden reinterpretar la Constitución a través de una comisión bilateral que llaman «convención constitucional».

Esta es la cancha de juego que diseñan los aliados estratégicos de Pedro Sánchez. El Principado no puede apuntarse a la política del avestruz. El resto de gobiernos regionales, tampoco, pero me toca hablar del Principado.

Basta que Ayuso abra la boca para que el Gobierno asturiano responda raudo y veloz. Sin embargo, con los nacionalistas excluyentes -soy consciente de que incurro en redundancia- predomina la condescendencia.

Cualquier privilegio económico o normativo es una afrenta a los asturianos, como a los cántabros o los andaluces. Iguales derechos para todos, diálogo multilateral para entenderse y decidir. El Estado no puede ser una fábrica de desigualdades.

Tanto para las aspiraciones de los independentistas catalanes (amnistía, autodeterminación), como para las de los nacionalistas vascos, la piedra en el zapato se llama Constitución. La quieren esquivar con la «convención constitucional» o maniatar desde el Congreso de los Diputados (ahora resaltan la libérrima voluntad del Parlamento, que no puede verse limitada por la Constitución, dicen) y el Tribunal Constitucional.

Sería bueno que alguien del Principado hablara sobre la cuestión, aunque solo sea para reafirmar que, para ellos, los intereses de Asturias están por encima de la investidura de Sánchez.