En el mes de diciembre de 1970 se producían las mayores movilizaciones contra la dictadura en el País Vasco, tras las huelgas de la minería asturiana de los años sesenta. Tenía lugar el conocido como ‘Proceso de Burgos’, donde un consejo de guerra juzgaba a 16 militantes de ETA por ser presuntos asesinos del comisario de la Policía de San Sebastián Melitón Manzanas. Hubo media docena de condenas de muerte que luego fueron conmutadas. La izquierda, básicamente el Partido Comunista y Comisiones Obreras, extendieron la campaña contra el juicio por toda España, produciéndose detenciones. En ese escenario, el principal dirigente de Comisiones en la factoría de Seat en Barcelona, Carlos Vallejo, fue detenido en la calle cuando portaba propaganda contra el proceder del régimen. Llevado a comisaría, fue presuntamente torturado durante tres semanas, aprovechando las normas que regían con el Estado de Excepción aprobado en diciembre.

Cincuenta años más tarde, Carlos Vallejo se querella por crímenes de lesa humanidad contra los agentes que presuntamente le torturaron. La Fiscalía de Barcelona, junto a la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de Memoria Democrática (Gobierno de España) han pedido la admisión de la querella. Por primera vez, la Fiscalía asume investigar crímenes de lesa humanidad realizados durante la dictadura, pese a haberse aprobado una amnistía en octubre de 1977 que borraba todos los crímenes realizados de intencionalidad política. El ministerio se acoge a la actual Ley de Memoria Democrática que obliga al Estado a investigar violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante la guerra y la dictadura. El Principado ya se ha ofrecido a prestar asesoramiento jurídico a quienes quieran denunciar.

No estamos ante una anécdota, sino ante decisiones de una gran envergadura política. Si la amnistía de la democracia es enmendable, el pacto de la Transición se viene abajo. La reconciliación nacional se produjo por un gran acuerdo entre la derecha reformista, salida de la dictadura, y la oposición de izquierdas que estaba en gran medida exiliada o encarcelada. Ambos, con una altura de miras histórica, renunciaron al ajuste de cuentas. La actual izquierda en el poder ( ‘sanchistas’ y ‘podemitas’) considera que se deben revisar hasta las barbaridades cometidas durante la guerra civil, ocurridas en el cénit del odio entre españoles. Será que ellos tienen un instrumento para distinguir entre fusilamientos justos y asesinatos viles.