Apertura del Año Judicial en Asturias, con discursos de Jesús María Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y de Esther Fernández, fiscal superior de Asturias. Se inicia el curso judicial con problemas graves por tres motivos: la desidia de los gobiernos a la hora de proveer de medios materiales -también humanos- a las distintas instancias judiciales, el destrozo provocado en el servicio que se presta a los ciudadanos con las huelgas de letrados y funcionarios (los jueces no se pusieron en huelga, porque el Gobierno aceptó, al final, subirles el sueldo) y, lo más grave, el daño que hace a la imagen de la Justicia la actuación del Gobierno de España corrigiendo sentencias del Tribunal Supremo por la vía de los indultos y cambiando el Código Penal para beneficiar a políticos concretos, como Puigdemont y sus secuaces, que pueden serle útiles para mantenerse en el poder. En definitiva, carencia de medios para realizar el trabajo diario, retraso mayúsculo en dar amparo efectivo a las demandas de los ciudadanos, e invasión del Ejecutivo en las decisiones de jueces y fiscales socavando, por la vía de los hechos, la independencia de la Justicia. De esto último habló Jesús María Chamorro al hacer un alegato en favor de la independencia del poder judicial. Podemos decir, sin temor a incurrir en exageración, que si los jueces no son independientes del resto de los poderes del Estado y de los lobbys privados, la democracia es una farsa.

El presidente del TSJA también se refirió al «grave quebranto» causado por las huelgas del personal de Justicia. Con 25.704 procesos suspendidos, entre vistas y juicios, declaraciones en sede judicial y diligencias realizadas fuera, el resultado es desastroso. Pidió ayuda al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y al Principado para revertir la situación, con «medidas de refuerzo realistas y, sobre todo, justamente compensadas», para que el esfuerzo de los trabajadores «sea eficaz y contribuya a paliar» la situación. Lo que está claro es que los cuerpos peor pagados, que se fueron a la huelga y volvieron con las manos vacías, no están muy motivados mientras el Ministerio de Justicia no los trate como al resto.

Esther Fernández se refirió a devolver la confianza en el sistema judicial. Aprovecho para decir que de todos los agentes que contribuyeron a desbaratar el ‘procés’, nadie más decisivo que el Ministerio Fiscal al impulsar los procedimientos contra los delincuentes.