Al finalizar el tercer trimestre del año, el 80% del presupuesto destinado a inversión productiva no estaba ejecutado. De 984 millones reservados, sólo se habían consumido 202 (20,5%). El pasado año, el ritmo de ejecución presupuestaria era ligeramente mejor (21,3%). La diferencia es muy pequeña, como corresponde a procedimientos administrativos idénticos y con las mismas personas encargadas de gestionar los presupuestos. La tendencia viene de atrás: en 2020, de 366 millones destinados a la inversión se consumieron 240; en 2021, de 490 millones se gastaron 337; en 2022, de 694 millones se consumieron 415, así que habría que introducir cambios en la gestión. No digo que haya que modificar la Ley de Procedimiento Administrativo, porque es obvio que excede a las competencias de las comunidades autónomas, pero sí estudiar en qué fases de la gestión o en qué departamentos se retrasa la ejecución.

El propio consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, reconoció en una comisión parlamentaria, en el mes de marzo, que hay una ralentización en la ejecución de los créditos presupuestarios en Asturias derivada de la Ley de Contratos del Sector Público, a la que calificó de «excesivamente garantista». Dijo que era necesario reformarla y flexibilizar los criterios de contratación, que actúan como un corsé para las administraciones a la hora de contratar. Como el procedimiento administrativo no ha cambiado, la baja o bajísima ejecución de las inversiones se repite un año sí y otro también. Para entendernos: dejar de realizar inversiones tiene consecuencias directas sobre el empleo.

El Principado sugiere otra forma de analizar la gestión de las inversiones que consiste en olvidarse de la fase de ejecución y poner la mirada sobre la adjudicación que la antecede. Tiene razón en que la ejecución depende, de alguna manera, de la empresa adjudicataria. Ahora bien, no podemos inventar en Asturias otra forma de analizar los presupuestos. En todo el orbe democrático se juzga la solvencia gestora de los gobiernos por el porcentaje de ejecución de las cuentas. Las reglas son iguales para todos. El afán por imponer otra forma de medir la consunción del presupuesto me recuerda a un presidente del Principado, muy voluntarioso, que presentó en el Comité de las Regiones de la UE un dictamen para que no fuera el incremento del PIB la única forma de medir el crecimiento económico, porque dejaba fuera las desigualdades sociales y la degradación medioambiental. No le hicieron caso.