Adrián Barbón adelantó que el proyecto de presupuestos regionales para 2025 tendrá como temas estrella la vivienda y la juventud. Sin duda son dos asuntos importantes, que guardan puntos de contacto al ser los jóvenes los más indefensos ante la escasa oferta inmobiliaria y la consiguiente subida de los precios. La juventud, al ser un grupo poblacional reducido, tras décadas de caída de la natalidad, perdió protagonismo social y desde hace mucho tiempo dejó de ser una apuesta de los gobiernos en España. Ocurre lo contrario con la tercera edad, un sector creciente, apiñado en torno a las pensiones, temido por su decisiva influencia en las urnas. Por primera vez en España entre la juventud anidan las mayores bolsas de pobreza (1,5 millones de jóvenes viven por debajo del umbral de la pobreza), por eso es un acierto que reciban apoyo de los presupuestos del Principado.

Adrián Barbón aseguró que tomará todas las medidas para que las viviendas vacías se incorporen al mercado de alquiler. En principio, el objetivo está en la línea con lo que han dicho todo tipo de estudios, entre ellos el del Banco de España, al afirmar que es necesario incrementar la oferta inmobiliaria con millón y medio de viviendas. Ahora bien, qué significa «todo tipo de medidas». La diputada Tomé, potencial aliada del Gobierno de coalición si este quiere sacar adelante los presupuestos, propuso gravar las viviendas vacías. Entre las obligaciones de un propietario no está alquilar un piso, sino conservarlo, pagar el IBI correspondiente, atender los recibos de la comunidad de vecinos y poco más.

Un ciudadano puede comprar un piso para venderlo tres o cuatro años más tarde, sin necesidad de arrendarlo. En España, a diferencia de la mayoría de los países avanzados, la propiedad inmobiliaria es la mayor riqueza de los ciudadanos. Es su capital. Se puede cambiar la legislación y obligar a todas las personas que tienen una segunda vivienda a alquilarla, pero el problema de la vivienda, que es un problema de mercado, no se va a solucionar así. Las cosas estaban mal, pero con la Ley de Vivienda se pusieron mucho peor, al no tener los propietarios suficientes garantías (si un arrendatario muestra que es vulnerable podrá permanecer en el inmueble sin pagar la renta durante años). El Estado hace política social con las viviendas de los particulares. Me parecen bien algunas medidas propuestas por Barbón, como que el Principado sea avalista del arrendatario, pero la propiedad tiene límites que se deben respetar.