El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) se queja del intrusismo profesional que padecen sus miembros. Hasta hace veinticinco años sólo los colegiados podían dedicarse a la tarea de intermediar en la venta o alquiler de inmuebles y solares, pero el Gobierno de Aznar anuló la normativa vigente hasta entonces, dejando plena libertad para trabajar en el mercado de la venta de pisos y terrenos. Antonio Vega, presidente de API en Asturias, dice que cualquier persona puede intermediar en la compra-venta de inmuebles. Habla de los timos que se producen cuando un aficionado, sin oficina y con un teléfono de prepago, recibe de un cliente un dinero por adelantado y se marcha sin dejar huella. Antonio Vega sabe todo sobre el mercado de la vivienda. Lo entrevistamos muchas veces y es capaz de decir cuál es el piso más caro y el más barato de Asturias (cada año cambia, unas veces el más caro está en Salinas, otras veces en la Avenida de Rufo García Rendueles, en Gijón, o en el edificio La Jirafa de Oviedo), la diferencia de precios entre barrios de una ciudad, las últimas tendencias del mercado, la forma de pago, etc. Un profesional acreditado que puede aconsejar a inversores o vendedores y cuyo criterio debe tenerse en cuenta.

Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, ha entendido la preocupación de los agentes y va a hacer un decreto para regular lo desregulado. Pretende Zapico crear un registro de intermediadores, donde se inscriban, voluntariamente, todos los que reúnan determinadas condiciones. Posteriormente, espera que en la Ley de Vivienda se incluya la obligatoriedad de registrarse.

Los API piden que los mediadores tengan un seguro de responsabilidad civil y otro de caución (asegurar las cantidades que se entreguen en calidad de arras). También ven necesario que el mediador conozca la legislación, los contratos, las valoraciones inmobiliarias, etc. Este requisito va a ser conflictivo. Un examen no tiene sentido porque no es un cuerpo integrado en la Administración ni en las empresas, son profesionales liberales. ¿Ligar el ejercicio laboral a la obtención de algún título académico? ¿A cuál? Quizás lo más atinado sería exigir la asistencia a un curso habilitante, pero no quedaría resuelto el problema, porque la queja de los profesionales siempre surge en los momentos en que el mercado de la vivienda se calienta, como ocurre ahora en Asturias, y lo que se pretende es frenar la llegada de competidores en masa.