Cuando empiezo a escribir la cumbre del clima que se celebra en Bakú (Azerbayán) está bloqueada. Más que en anteriores ediciones, el debate es un forcejeo entre países pobres y ricos. En los medios se ha bautizado el evento como «la cumbre de la financiación» porque el asunto central consiste en determinar cuántos fondos tienen que aportar los estados ricos para que los países pobres puedan reducir sus emisiones.

Hay temor a que la cumbre finalice sin acuerdos. La reunión avanza sin rumbo, como corresponde a una conferencia sobre el cambio climático con un anfitrión (Azerbayán) que hace justamente un siglo producía más de la mitad del petróleo del mundo y que ahora tiene en el petróleo y el gas el 90% de sus exportaciones.

A la cumbre de Bakú (la ciudad de Kasparov) asistió Pedro Sánchez, que estuvo presente en más debates que cuando se celebró en Madrid (año 2019). Cuando algo polémico o vidrioso ocupa la actualidad, sea la riada de Valencia, la amnistía o la epidemia de corrupción, lo mejor es volar y ponerse lejos. Cuestión de imagen.
Mientras el presidente hacía de estadista, María Jesús Montero negociaba modificaciones fiscales para las que necesitaba el apoyo de todos los socios de la investidura. Para recibir la quinta entrega de los fondos europeos extraordinarios (7.200 millones) solo necesitaban hacer una transcripción de la directiva europea que obliga a todos los países miembros de la UE a poner un impuesto complementario para gravar a las grandes empresas que tributen por debajo del 15% en su Estado.

Socios
El texto inicial fue fruto de un acuerdo entre los socios del Gobierno (PSOE y Sumar), que fue presentado como una reforma fiscal que respondía a una «reivindicación histórica de las fuerzas progresistas». Al negociar con grupos de izquierdas y derechas, a la vez, varias de las medidas quedaron anuladas, pero merece recordar algunas para saber lo que es el progresismo.

Elevaban el IVA de los pisos turísticos al 21%, cuando los hoteles tributan al 10%. La izquierda progresista exprime a las señoras octogenarias, propietarias de dos pisos, que alquilan uno para completar la pensión de viudedad, pero a los hoteles de cinco estrellas y no se cuántas suites los gravan con el IVA reducido del 10%, así como las bebidas y comidas que sirven y el transporte que contratan. Otro rasgo de progreso estaba en eliminar las primas de los seguros sanitarios privados. PSOE y Sumar querían poner la sanidad más cara a doce millones de españoles (todos multimillonarios, por supuesto), a ver si se iban en masa a la sanidad pública y las pruebas diagnósticas, las consultas con médicos especialistas o las operaciones quirúrgicas se sustanciaban al año siguiente de pedirlas.

Tras la poda de la negociación con ERC, Junts, PNV, Bildu, Podemos y BNG quedaron en pie los gravámenes a las entidades de crédito y las empresas energéticas. Un peaje ideológico para deleite de la militancia.

Banca
En 2024, con el impuesto a la banca recaudaron 1.659 millones. La cantidad la van a repartir entre las comunidades autónomas. Como referencia para distribuir el dinero no toman el tamaño de población de cada región, sino la producción de bienes y servicios (PIB) de cada territorio. Cataluña se llevará el pedazo más grande de la tarta. Qué raro. El criterio adoptado lleva a situaciones lacerantes. Extremadura es la segunda región más pobre de España (21.343 euros de renta per cápita) y Cataluña es una de las más ricas (32.550 de renta per cápita). Cataluña no llega tener ocho veces la población de Extremadura, pero recibirá trece veces más de dinero. Sin duda, un Gobierno progresista.

Para ganar la batalla del relato, el Gobierno dice que ya alcanzó el pacto fiscal, pero el gravamen a las energéticas está pendiente de un acuerdo del que tienen que participar Podemos y Junts que mantienen posturas opuestas. Las ocho principales empresas, desde Iberdrola y Repsol hasta BP y Total, no bajan la guardia. Si mantienen el impuesto congelarán las inversiones (30.000 millones) que iban a hacer en España.

Quiero destacar la postura mezquina del PNV, que sólo aprueba el gravamen si tiene naturaleza jurídica de impuesto para reducirlo en los territorios forales. A los demás que los zurzan. Por cierto, hace poco se hizo el cálculo del cupo vasco. El Gobierno de Vitoria pagará 1.488,9 millones a la Hacienda española por los servicios que recibe de la Administración del Estado. Qué cálculo más tramposo. El Estado tuvo que transferir 44.148 millones de los presupuestos a la Seguridad Social para pagar las pensiones (entre ellas las vascas). Esa transferencia no computa en el cupo.