Una de las novedades que ha introducido Pedro Sánchez en la política es el arma de la mentira sistematizada. No me refiero a falsear un dato o dar una explicación adulterada sobre hechos concretos. La mentira sistematizada es una construcción coherente que pretende justificar cualquier decisión política a partir de premisas falsas. Cuando concedió la amnistía a los independentistas sediciosos que había condenado el Tribunal Supremo, el argumento de fondo de Sánchez fue que pacificaba la vida en Cataluña. Señalado el noble objetivo, evitó cualquier descalificación formal asegurando que la Ley de Amnistía respetaba escrupulosamente la legalidad. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños dijo, cuatro veces seguidas, que era «impecable». La realidad es que la Ley de Amnistía fue redactada a medias entre Puigdemont y La Moncloa, razón suficiente para descalificarla, y, además, los principales beneficiados dijeron en todo tipo de foros que no estaban arrepentidos y aprovecharían la primera ocasión que tuvieran para volver a hacer lo mismo (proclamar la independencia). La falta de arrepentimiento, la voluntad de volver a delinquir, impide el disfrute de la amnistía. Todo fue una farsa para que los aliados de Sánchez pudiesen volver a las instituciones libres de polvo y paja.

La mentira sistematizada se acompaña de otra estrategia que es la ocultación de los actos del Gobierno. El caso más clamoroso es el del pacto catalán de financiación. Van ya cuatro meses desde la firma y no sabemos cómo se instrumenta. Sánchez no dio ni una explicación en el Congreso de los Diputados. Desconocemos cómo va la operación de quita de la deuda autonómica. Otras cuestiones son aún más opacas, como los viajes que con frecuencia realiza Cerdán (número tres del PSOE) a Suiza.

Entre la ocultación está el apagón informativo sobre la ejecución de las inversiones en las comunidades autónomas. María Jesús Montero dejó de rendir cuentas desde hace dos años; en enero de 2023 quedó plasmada en el BOE la nueva política de apertura y transparencia: «la distribución territorial de la inversión del sector público causa baja en el plan estadístico porque deja de realizarse». A la ministra de Hacienda le interesa que no sepamos cómo van los compromisos inversores del Gobierno. En estos momentos lo único que se conoce es la ejecución de las inversiones en infraestructuras (Ministerio de Transportes), pero con un año de retraso. Si se ocultan los datos es más fácil sistematizar las mentiras.