Dada la trayectoria que llevan las universidades era evidente que no podía transcurrir mucho tiempo para que el Gobierno interviniera. Las universidades públicas están estancadas y pierden alumnos, mientras que las privadas se multiplican, captan muchos alumnos (en los últimos seis años incrementaron en un 55% las matrículas), ofrecen más títulos y cuentan con capital privado dispuesto a invertir en enseñanza universitaria. El ‘sorpasso’ era inminente y Pedro Sánchez decidió que era el momento de pasar a la ofensiva. Tras equiparar a universidades privadas con «chiringuitos» y «maquinas expendedoras de títulos», pese a que él estudió, se licenció y doctoró en una de ellas, prepara un decreto donde va a fijar las bases para la apertura y el mantenimiento de las privadas.

El objetivo del decreto no es otro que poner obstáculos para que los proyectos que se están tramitando (alrededor de diez) no lleguen a buen puerto. Cuando el presidente del Gobierno habla de chiringuitos es porque quiere frenar el crecimiento de las universidades privadas e insuflar nueva savia en las públicas. Entre los requisitos que van a tener que acreditar es contar con plazas de vivienda para la décima parte del alumnado. Cuando hay más universidades que provincias resulta que un elemento fundamental de la oferta universitaria es el alojamiento.

Veinticuatro horas después de Sánchez, Pilar Alegría, ministra de Educación, aseguró que «esto no va de universidades públicas o privadas, sino de universidades buenas o malas». Un planteamiento que no engaña a nadie porque el decreto va dirigido sólo a regular las privadas. Se trata de impedir el avance de iniciativas independientes en el campo de la universidad. Ni Sánchez ni su ministra se dan cuenta de que la universidad pública se ha deteriorado, empezando por la prueba de acceso que está adulterada con unas notas de Bachillerato infladas y un nivel de aprobados que roza el 100% y siguiendo por un sistema de estudios que es continuación del diseñado para la ESO y el Bachillerato por la Ley Celaá. A ello hay que añadir lo caro que resulta a los contribuyentes que financian casi el total del invento. Ahí están los mil millones que le dio el Principado a la Universidad de Oviedo. Como los egresados de la privada ya les ganan en salarios y empleabilidad hay que cortar por lo sano. Sin competencia no hay posible comparanza. Una vez más el Gobierno dice lo que es bueno y malo. A ver si la Universidad Europea y la Universidad Antonio Nebrija se salvan.