Comparecencia de Gimena Llamedo y Guillermo Peláez tras la reunión del Gobierno. Sobre la mesa la tragedia de la mina de Cerredo. Los portavoces lanzaron un mensaje de tranquilidad sobre la cuestión que más les preocupa: «absoluta unidad en el Consejo de Gobierno». Lo decían tras haber estado ausente Ovidio Zapico (IU) de la reunión. No habían tenido ocasión de comprobar el apoyo de IU, porque Zapico había preferido asistir al congreso de Comisiones Obreras, pero el mensaje era contundente («absoluta unidad»).

El segundo mensaje tuvo como objetivo reforzar el flanco débil del Gobierno en lo ocurrido en Cerredo, al alabar «la transparencia» con que que ha actuado la consejera de la Transición Ecológica. ¿Cuáles son las pruebas de la transparencia de Belarmina Díaz, según Peláez? Anunciar que comparecerá en la Junta General del Principado (no se sabe cuándo) y encargar una auditoría interna del Servicio de Minas.

Avanzada la tarde, la dirección de IU dio a conocer su opinión sobre la cuestión: «nuestra presencia en el Gobierno no es para cerrar filas (¿absoluta unidad?), sino para abrir todas las puertas». Desde hace muchos años, en los conflictos reales o potenciales entre las dos fuerzas de izquierda IU tiene un estilo que consiste en colocar un titular inequívoco, dando a entender que no cederá un milímetro, para luego relativizarlo por la vía de los condicionantes o las matizaciones: «las investigaciones políticas son imprescindibles y pueden y deben surgir desde la unidad democrática; la gravedad necesita de unidad institucional, determinación y transparencia». En definitiva, mucha unidad y ninguna concreción sobre los aspectos más problemáticos de la cuestión.

No dudo de que el Gobierno analizará con detalle la actuación de la empresa Blue Solving, que realizaba los trabajos en la tercera planta, donde se produjo la explosión que mató a los cinco mineros. Hay muchas razones para revisarla, pero junto a los aspectos objetivos está la indignación de los trabajadores, las familias y los sindicatos, y la consternación de los asturianos ante un episodio que parece sacado de las hemerotecas de hace cuarenta, cincuenta o sesenta años. Ahora bien, la investigación debe también dirigir la mirada hacia el proceder de la Administración. ¿Tras el accidente de 2022, que causó un muerto y un herido grave, se puede afirmar que la actuación del Principado fue suficientemente rigurosa con la empresa? ¿Es normal que transcurran seis meses sin ninguna inspección?