En un contexto de crecimiento de accidentes laborales con resultado de muerte en Asturias (21 el pasado año, la cifra más alta desde 2018), se produjo el pasado 31 de marzo la tragedia de la mina de Cerredo (Degaña), con cinco muertos y cuatro heridos. Pese a la agitada actualidad política, internacional y nacional, el siniestro de la mina se hizo un hueco en la primera página de todos los diarios españoles. También fuera de nuestras fronteras se hicieron eco de la noticia. Un hecho luctuoso que se convertirá en referencia para Asturias, cada vez que haya un accidente grave.

Durante décadas los accidentes laborales en nuestra región fueron, por excelencia, los que sucedieron en las minas. Contribuyeron a ello algunas características de la siniestralidad minera, como es quedar atrapados por un derrabe durante horas y horas (días) sin saber si están vivos o muertos, añadiendo una insoportable tensión dramática a la escena que se forma en la bocamina, con los rostros horrorizados de prematuras viudas y huérfanos.

A ello hay que añadir la ceremonia fúnebre en las cuencas mineras, sin par en toda España, por esa mezcla de solidaridad, solemnidad y estoicismo que cubre como un manto la rebeldía callada del colectivo humano que camina tras el féretro.

Que la empresa lo haga mal no quiere decir que la consejera obre el bien
Politización
Los accidentes mineros siempre estuvieron politizados, porque remiten a condiciones de trabajo gravosas, sistemas de seguridad imperfectos, al trueque de riesgo por salario que convierte al trabajo en explotación.

Todas esas características las reúne la tragedia de Cerredo, por eso resulta muy ingenuo pedir que no se politice, como si fuera un accidente de tráfico. De la compartida valoración de que era perfectamente evitable la tragedia, nace la visión politizada sobre el siniestro. La empresa, Blue Solving, está en el punto de mira de todas las investigaciones. Los precedentes del grupo empresarial propietario de los derechos de la mina no son muy halagüeños y la consejera de la Transición Ecológica, Belarmina Díaz, ya ha colocado la explotación a la altura de bono basura, al decir que era «como el peor de los chamizos» y que las condiciones de trabajo incumplían las normas de la minería. Es imposible repasar el expediente de Blue Solving sin hacer consideraciones políticas.

Hay ya en marcha una investigación judicial, otra técnica y una tercera interna (administrativa), a cargo de la Inspección General de Servicios que auditará las actuaciones de la Dirección General del Minas durante los dos últimos años. Varios grupos piden la constitución de una comisión de investigación parlamentaria para analizar lo sucedido en la mina. Sólo se opone el Partido Socialista, con argumentos, como los usados por la portavoz parlamentaria, Dolores Carcedo, al decir que «la experiencia con las comisiones de investigación en la Junta General del Principado no ha sido buena». ¿Deben los parlamentarios renunciar a investigar los asuntos controvertidos de la vida regional? Barbón empleó otro argumento. Si ya se sabe que la empresa, Blue Solving, incumplió los requisitos que contenía la licencia otorgada por el Principado para trabajar en la mina, para qué se va a juzgar lo que haga o deshaga la consejera, Belarmina Díaz.

Razones
Por dos razones. La primera es muy sencilla: no tiene Blue Solving el monopolio del error, la equivocación, la trampa o el chanchullo. Que la empresa lo haga mal no quiere decir que la consejera obre el bien. En definitiva: se puede investigar a ambos. Uno por lo que hacía y la otra por el deber ‘in vigilando’ (casi 500 días sin que un inspector de minas visitara el chamizo).

De las excusas elevadas a la categoría de argumento se deduce que el interés del PSOE en la investigación de lo ocurrido en Cerredo pasa por blindar a Belarmina Díaz. Que nada le salpique, que no se investigue sobre su actuación al frente de la Dirección General del Minas, que nadie solicite su dimisión o cese.

Sólo con lo ya publicado estos días, la investigación sobre la gestión de la consejera en su etapa de siete años de directora general de energía y minería estaría más que justificada. A ello habría que añadir las acusaciones volcadas por Adrián Pumares sobre ella, sobre un supuesto cobro de comisiones por parte de su hermano a empresarios mineros y su participación en decisiones que pudieron favorecer económicamente a su familia. La primera reacción de la consejera fue motejar de machista a Adrián Pumares y, como el truco no coló, le invitó a acudir a los tribunales si tiene la mínima sospecha sobre su honorabilidad, cuando es ella la que tendría que llevarle a los tribunales a él.

Minoritarios
La posible constitución de una comisión de investigación está en manos de los partidos minoritarios. Bastaría con el apoyo de Tomé, pero no está en condiciones de desafiar así al Gobierno de coalición de la izquierda. Podría hacerlo IU, con sus tres diputados, pero, como toda fuerza de gobierno, hará un análisis en clave conservadora: tiene más que perder si rompe el Gobierno que si encabeza una postura de regeneración de la clase política asturiana.

Me inclino a pensar que la investigación de la tragedia minera no movilizará a los diputados autonómicos. Como dijo Dolores Carcedo, «la experiencia no es buena». Si lo sabrá ella. Desde la Cámara, y desde los micrófonos, se harán discursos sin sujeto: «que se busque la verdad sobre lo que pasó, caiga quien caiga». Menos Belarmina.