El programa de la Semana Santa (oficios religiosos, viajes turísticos, jornadas de asueto) no va a desviar a la política asturiana de la cuestión que monopoliza el debate regional: las responsabilidades en la tragedia de la mina de Cerredo. Mañana, en el pleno parlamentario de la Junta General, volverá a comparecer la consejera de la Transición Ecológica, Belarmina Díaz, a petición del PP y Foro, para informar sobre las investigaciones en la mina. Foro le va a preguntar cuándo piensa dimitir.

El pasado viernes compareció por primera vez Belarmina Díez en la Junta y lejos de convencer a los diputados, sus explicaciones irritaron. Izquierda Unida, socio de los socialistas en el Gobierno, calificó de «fallida» la comparecencia de Belarmina Díaz, y Tomé dijo que había sido «decepcionante». Si así piensan los aliados del Gobierno, no puede extrañar que la derecha haya pedido a la consejera que dimita. La estrategia que siguió el pasado viernes para hablar del accidente de Cerredo consistió en culpar a la empresa –nadie la defiende– y evitar dar explicaciones detalladas del proceder de la Dirección General de Minas, como si hacer una sola inspección a la mina en 490 días fuese una forma de trabajo habitual, cuando la gente del sector afirma que la pauta normal es una visita al mes. Tampoco es fácil de entender que en las inspecciones realizadas no observaran ninguna anomalía, cuando se dedicaban a extraer carbón, pese a que ya les habían comunicado que estaba prohibido.

El miércoles, en las interpelaciones al Gobierno, la diputada Tomé va pedir al presidente Barbón que explique a qué se refiere cuando habla de depurar responsabilidades «caiga quien caiga». Una expresión coloquial que se utiliza, habitualmente, a modo de bravata, sin resultados prácticos. En este asunto la duda estaba, al principio, en si el Gobierno iba a poner el foco en su propia Administración o si se concentraría, exclusivamente, en las actuaciones de la empresa. El propio presidente despejó la incógnita al afear al centro-derecha que critique a la consejera, cuando está claro que la empresa transgredió la normativa minera. En cuestión de petición de responsabilidades, la doctrina del Ejecutivo quedó explicitada con el escándalo de la ausencia de pólizas de seguros en las instalaciones de Cogersa. Los máximos responsables quedaron exonerados de responsabilidad y la culpa fue para los cargos intermedios. Utilizando la misma jerga, diremos que los consejeros del Gobierno tienen un seguro que cubre todos los riesgos.