El accidente mortal de la mina de Cerredo dejó muchos interrogantes en el aire. El proceder de la empresa, Blue Solving, no puede sorprender a nadie, dado lo ocurrido en 2022, cuando otra marca del mismo grupo empresarial sufrió un siniestro en la misma mina mientras los trabajadores extraían carbón. Las distintas investigaciones que están en curso delimitarán bien el contorno de su responsabilidad. Sorprende, sin embargo, el hacer de la Administración del Principado. Las informaciones de este periódico en la primera semana tras la tragedia de los cinco mineros fallecidos y los cuatro heridos, ya producían desasosiego. La mina se inspeccionó nueve veces, estando todo en regla, oficialmente, mientras los mineros heridos confirmaron que se extraía carbón. Más increíble fueron esos seis meses finales sin ninguna inspección antes del siniestro. Por no hablar de los permisos administrativos concedidos a velocidad relampagueante a Blue Solving.

Ese conjunto de circunstancias tejió un cerco alrededor de la consejera, que estuvo siete años al frente de la Dirección General de la Minería. La protegía el blindaje formado por el Gobierno y el PSOE, que se vino abajo por la valentía de la diputada Tomé, que entre investigar a fondo los motivos del accidente y los intereses creados de la política se quedó con los primeros y decidió apostar por constituir una comisión parlamentaria de investigación, sin importarle que el PSOE e IU estuvieran radicalmente en contra. Tampoco le importó coincidir con los tres partidos de la derecha, ya que es más importante conocer la verdad que cualquier prejuicio ideológico. La mayoría parlamentaria en la Junta, posibilitada por la decisión de Tomé, precipitó la dimisión de Belarmina Díaz, una consejera que es un calco de su predecesora, Nieves Roqueñí: doctoras en ingeniería de minas, profesoras universitarias y con familias, ambas, de gran vocación minera.

En medio del drama de la dimisión de Belarmina Díaz, IU pasó de «abrir las puertas para que florezca la verdad y la justicia en términos de investigación en torno a ese accidente» a pedirle a la diputada Tomé «que no sea parte de la estrategia de la derecha». Las obvias presiones del socio mayoritario del Gobierno le llevaron a desdecirse en veinticuatro horas, rechazar la comisión de investigación, y dejar su prestigio hecho girones. Dentro de dos años, cuando toque acercarse a las urnas, les va a ser muy difícil explicar a su electorado que es distinto votar a IU que votar al PSOE.