PSOE e IU, los partidos que forman el Gobierno de coalición en Asturias, descartan dar la batalla para impedir que se constituya una comisión parlamentaria de investigación en la Junta General del Principado sobre el accidente de la mina de Cerredo. Intentaron evitarla por todos los medios, pero al anunciar la diputada Tomé (Somos Asturies) que votaría a favor de crear la comisión, los grupos del Gobierno renunciaron a prolongar el pulso. En caso de haberse opuesto se celebraría un pleno del Parlamento dedicado a decidir si se forma la comisión, que iría en contra de sus intereses. Los asturianos verían cómo el Gobierno perdería la votación, quedando en minoría. PP, Vox, Foro y la diputada de Somos Asturies suman 23 escaños, mayoría absoluta a favor de la comisión. Hasta ahora la izquierda siempre tuvo la hegemonía en la Cámara en esta legislatura. El Gobierno tiene otra razón para evitar el citado pleno: la imagen del PSOE e IU quedaría seriamente dañada al ver a sus portavoces pidiendo al resto de diputados que renuncien a investigar las irregularidades, dejaciones o tratos de favor que se hayan podido cometer en torno a la explotación minera, mientras depositan su confianza para investigar en entes del Principado, como la Comisión Especial de la Seguridad Minera, que es un simple órgano de asesoramiento, o la Inspección General de Servicios, un mero departamento dentro de la Administración General del Principado. La comisión parlamentaria lo podrá hacer mejor o peor, pero no está sometida a ninguna jerarquía, lo que no se puede decir de los entes administrativos que forman parte de la estructura del Principado, con directores generales en la cúspide.

El otro día quedé perplejo al ver cómo el portavoz del Gobierno trasladaba una curiosa imagen de la Inspección General de Servicios diciendo que era un órgano independiente que «goza de grandísimo prestigio» y que sus informes siempre tienen consecuencias en la organización de la Administración autonómica. No es un órgano independiente, y en cuanto a su prestigio puede que lo tenga a nivel interno de la Administración, pero es ampliamente desconocido entre la sociedad.

La renuncia de los dos partidos del Gobierno a rechazar la comisión, no les impide hacer juicios de intenciones sobre los impulsores de la comisión: buscan «proteger las responsabilidades empresariales en la tragedia». Sin un argumento, sin una prueba, se lanza basura amarilla contra los rivales. Estos eran los que se quejaban del fango.