Las declaraciones ofensivas de la cúpula del Ministerio de Transportes sobre el consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, han encontrado respuesta en las palabras del consejero agraviado y de Ovidio Zapico, único consejero que no es socialista en el Gobierno de coalición de la izquierda. Zapico, que es el líder de IU en nuestra región, ha pedido «respeto institucional» a los jerarcas de Transportes y les ha advertido que «Asturias no es menos que cualquier otra comunidad autónoma». Una contestación muy moderada en comparación con los ataques recibidos, pero al menos IU no se ha quedado callada ante tamaña afrenta. Alejandro Calvo ha insistido en la dimensión jurídica de la controversia, al recordar que el dictamen de la Comisión Europea «es una garantía de que existen ilegalidades». En efecto, los dirigentes del ministerio, cogiendo el rábano por las hojas, aseguraban que Bruselas en ningún caso había considerado ilegal la prórroga, porque ese tipo de decisión corresponde al juez. Un argumento muy burdo. Es evidente que, si las desavenencias llegan a los tribunales, el juez de turno dirá la última palabra, pero no se está en esa situación. El dictamen de la Comisión asegura que la prórroga y la concesión del peaje han sido ilegales e insta al ministerio a tomar medidas para restaurar la legalidad. Ahí les duele a los jerarcas y por eso les indigna el argumento del consejero asturiano.

La Fade (María Calvo) y la Cámara de Comercio de Oviedo (Carlos Paniceres) se posicionan a favor de las declaraciones de Alejandro Calvo y piden una fecha al Ministerio de Transportes para la retirada del peaje. Les parece decepcionante que, en vez de afrontar el problema, las energías del ministerio se empleen en criticar al consejero de Movilidad. Está claro que, a los empresarios, después de soportar el elevado precio de la energía, les irrita tener que afrontar un coste extraordinario e injusto, como es el peaje, que no tienen el resto de comunidades.

No lo van a tener fácil los jerarcas ministeriales en la disputa sobre el peaje, porque no hay un solo grupo en la sociedad asturiana que compre sus argumentos. Tanto tiempo criticando al Gobierno de Aznar por haber impuesto una prórroga arbitraria y llega un ministro de Transportes socialista para decir que la prórroga es legal e inalterable. La política progresista pasa por saltarse a la torera los dictámenes de Bruselas y hacer pagar a los asturianos tasas extra para financiar actuaciones en otros territorios.