El próximo lunes habrá reunión de la Alianza por las Infraestructuras que preside el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. El consejero señala como prioridad trabajar la vertiente administrativa del conflicto, para luego centrarse en la judicial. Ese es el camino que siguen los ciudadanos cuando tienen reclamaciones que hacer a la Administración: primero pedir a la propia Administración que recapacite sobre sus decisiones y, luego, ir a la vía contenciosa para que los jueces decidan quién tiene razón.

El Ministerio de Transportes todavía no dio respuesta a la demanda de suprimir el peaje del Huerna y el peaje de la AP-9 (Ferrol-Tui), realizada por los territorios afectados (Asturias, Galicia, Castilla y León). Calvo reconoce que no hay fecha para la reunión con el ministerio porque «la agenda no la manejamos nosotros». Sobre la postura de Transportes el consejero no es optimista, basándose en la argumentación que dio el Gobierno ante el dictamen de la Comisión Europea al reconocer que no le llevaba a plantearse un escenario de nulidad, que es tanto como admitir que el Ministerio de Transportes está dispuesto a defender su posición en la vía jurisdiccional. De los procesos judiciales nadie sabe cómo va a salir, pero sí se puede asegurar que la solución al conflicto se alargará durante años.

El Principado asume que le toca estar a la expectativa hasta ver el resultado de las negociaciones entre el Ministerio de Transportes y la Comisión Europea. Considera que lo más plausible es la alternativa de aprobar las partidas necesarias para que se aplique una bonificación del 100%, que es la manera de anular el peaje por la vía de los hechos. La vía de las bonificaciones para rebajar el peaje no le ha dado al Principado buenos resultados.

Después de mucho negociar los avances fueron escasos en comparación con las previsiones que tenía el Gobierno asturiano. Ahora se trataría de dar un salto de escala y bonificar el 100% de la factura, basándose en la petición de la sociedad asturiana y de los 78 ayuntamientos que respaldaron la supresión del peaje. Dudo que el Ministerio de Transportes se rinda y cambie de opinión, pero es probable que sea más receptivo si la presión de Asturias, Galicia y Catilla y León mantiene viva la causa de los peajes (AP-66, AP-9) en la agenda política española. El ecuador de la legislatura ya se ha superado y todos los conflictos políticos, sociales, laborales o medioambientales tiene un coste electoral.