En la Junta General del Principado volvieron a debatir sobre la supresión del peaje de la AP-66, el presidente Barbón y el líder de la oposición, Álvaro Queipo. Es difícil decir algo nuevo sobre el asunto del peaje, limitándose ambos a repetir argumentos y críticas conocidos por todos. Como no hay nada novedoso, los dos principales líderes políticos de la región fatigaron al público con su forma de atacarse y defenderse. El Parlamento asturiano –como tantos otros– no es ágil y sus debates pecan de reiterativos, pero si los portavoces de los grupos quieren repetir una y otra vez sus intervenciones gozan de absoluta libertad para hacerlo. El PP y otros grupos de la derecha quieren que Barbón se entreviste con Pedro Sánchez. Es probable que el presidente asturiano no haya solicitado la visita, pero, aunque lo hubiera hecho, dudo mucho que en la Moncloa estuvieran dispuestos a celebrar ese encuentro centrado en la supresión del peaje. En política no se actúa de una forma tan ingenua (otros la llamarán sincera).

Tras la manifestación del viernes pasado en Oviedo, los dos bandos enfrentados (Principado y Ministerio de Transportes) entran en una nueva fase. El Gobierno asturiano debe estrechar las relaciones con sus aliados (Xunta de Galicia, Junta de Castilla y León) para que la causa de los peajes del noroeste (AP-66 y AP-9) tenga más importancia en la política española. Si se logra que la cerrazón del Ministerio de Transportes, defendiendo peajes que la Comisión Europea califica de ilegales, se convierte en motivo recurrente de preguntas y respuestas en el Congreso de los Diputados, el Gobierno de Pedro Sánchez empezará a incomodarse. Si el mantenimiento de los dos peajes tiene cada vez un coste político más alto, estaremos en condiciones de triunfar sin necesidad de esperar a que la lenta vía judicial acabe dando la razón a la Comisión Europea y a los gobiernos autonómicos afectados.

Hay que conectar con Galicia y Castilla y León, dos regiones con las que hemos coincidido en cuestiones como la demografía o la financiación autonómica. No debemos caer en trifulcas internas, porque esta batalla se gana sumando. La victoria tiene que ver con el afianzamiento del noroeste, una marca que cobija a más de seis millones de ciudadanos. Todos sabemos que la prórroga fue cosa del Gobierno de Aznar y que el Gobierno de Sánchez la defiende como si fuera una decisión propia. Entre ambos gobiernos nos han metido en este carajal y debemos unirnos para eliminar la trampa de peaje.