Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, ha acusado a la diputada Covadonga Tomé, del grupo mixto, de condicionar la negociación del proyecto de presupuestos del Principado de 2026 al resultado de las enmiendas presentadas a la ley reforma del IRPF. Según Zapico no se pueden «mezclar debates y decisiones». El líder de IU recuerda que desde el inicio de la legislatura han ofrecido a Tomé establecer un conjunto de prioridades.

En buena ortodoxia tiene razón Zapico en que los avatares de la tramitación parlamentaria de una determinada norma no deben interferir la negociación sobre el proyecto de presupuestos, pero en la práctica vemos cómo año tras año, tanto en el Congreso de los Diputados, como en los parlamentos autonómicos, se condiciona la aprobación de los presupuestos al cumplimiento de exigencias que poco tienen que ver con ellos. Ese comportamiento general en la práctica parlamentaria da soporte, especialmente, a las enmiendas que planteó Tomé a la reforma del IRPF, ya que si alguna materia está relacionada con los presupuestos es la fiscalidad.

Tomé ya había anunciado que no acudiría a negociar los presupuestos mientras no estuviera consensuada la reforma del IRPF. La diputada del grupo mixto recordó que quiere hablar de fiscalidad, aportando como prueba haber presentado al Gobierno sus enmiendas al IRPF, hace quince días, sin obtener respuesta.

Partamos de la base de que la aritmética parlamentaria otorga a Tomé capacidad decisoria sobre cualquier ley. Sabedor de esta circunstancia, el socialismo asturiano tiene mucha experiencia en manejar situaciones similares. Puede asumir algunas de las enmiendas de Tomé: subir el tipo fiscal a los contribuyentes que ingresen más de 175.000 euros o aumentar el gravamen en las compraventas de inmuebles realizadas por los llamados grandes tenedores (propietarios de más de diez pisos o de cinco pisos en ‘zonas tensionadas’). Aceptar alguna de estas peticiones no iba a descuadrar las cuentas del consejero de Hacienda. El problema para el Gobierno, y para IU, es el coste político, de imagen, que supone reconocer que una exdirigente de Podemos modifica la reforma fiscal y, de paso, condiciona el presupuesto. Especialmente expuesta queda la estrategia política de IU, basada en la alianza con el PSOE, al contemplar cómo un competidor en su espacio político puede sacar adelante propuestas típicas de la izquierda que aplaude su electorado.