Reunión de la Alianza por las Infraestructuras tras la manifestación por la calle Uría de Oviedo contra el peaje de la AP-66. Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, informó que el Gobierno ha pedido el expediente de la prórroga del peaje para poder argumentar sobre la ilegalidad de la prórroga dada la falta de publicidad, concurrencia y transparencia. Se eligió la empresa adjudicataria y punto. Veinticinco años más tarde no cabe interponer recurso, pero la situación de ilegalidad permite revisar el expediente. O al menos eso es lo que cree el Principado.

En la reunión de dos horas se abrieron dos posiciones. Calvo quiere que las propuestas de la Alianza sirvan para respaldar al Gobierno regional y no para suscitar debates que ya se dan en la Junta General del Principado. Pretende que la unidad de las más de veinte organizaciones políticas, sindicales, empresariales y sociales que hay en la Alianza refuercen la actuación del Principado ante el Gobierno central y otras instituciones. Sin duda eso es lo deseable, pero para llegar a la unidad hay que sintonizar con los criterios del resto de organizaciones. El Principado quiere fiarlo todo a la actuación jurídica y los demás piensan que hay margen para iniciativas políticas y la presión social.

Hay una clara discrepancia que se percibe en cuestiones concretas: el Principado no considera oportuno reclamar la presencia del ministro de Transportes o del secretario de Estado de Infraestructuras, mientras que el resto de integrantes de la Alianza sí lo ven necesario. En el fondo de la discrepancia está el margen más o menos estrecho que tiene el Principado para criticar o chocar con el Gobierno central. Al parecer, Calvo se entrevistó con Santano, número dos del Ministerio de Transportes, sin que haya informado del contenido de la reunión. El consenso mostrado en torno a la supresión del peaje no se extiende a las medidas que haya que aplicar para conseguirlo.

Queipo (PP) considera que no se puede fiar todo a la actuación jurídica, cree que la iniciativa política puede acercar la solución. Carolina López (Vox) estima que la vía jurídica será larga y sólo servirá para que el Gobierno gane tiempo. Pumares (Foro) entiende que se debe convocar a los responsables ministeriales para discutir sobre el peaje. El representante de la Fade, Alberto González, señala que tenemos capacidad para meter más presión de la que se ha hecho hasta el momento. Si Calvo no mantiene la unidad en la Alianza, las reivindicaciones se diluirán.