Los presupuestos del Principado para el año que viene serán expansivos, en torno a los 7.000 millones de euros, apoyados por fondos europeos y la recaudación extraordinaria cimentada en no deflactar el IRPF. En el crecimiento hay razones políticas, concretadas en los acuerdos con los maestros y profesores. La Consejería de Educación (Lydia Espina) se equivocó alentando un conflicto absurdo al imponer un cambio en los horarios de los meses de junio y septiembre del curso escolar. De un asunto anecdótico se pasó a la mayor huelga de la historia de la educación asturiana. El Pacto Asturias Educa, alcanzado por la actual consejera, Eva Ledo, con los sindicatos de la educación, supone un desembolso de 45 millones. Los errores en política comportan un gasto adicional.

En las previsiones macroeconómicas la buena noticia está en que disminuirá el porcentaje de deuda pública en relación al PIB, que se situará en el 11,4%, siendo Asturias la quinta comunidad autónoma menos endeudada. En esta cuestión me gustaría matizar que la disminución de la ratio del endeudamiento no se debe tanto a la minoración de la deuda como al crecimiento del PIB, debido a la llegada de mano de obra inmigrante que desempeña trabajos que no son del agrado de los asturianos. Como ocurre, invariablemente, año tras año, aumenta el gasto corriente. Para 2026, el aumento será del 4%. Dentro de él, la partida del personal experimentará un incremento del 6% (sesenta millones provenientes de los acuerdos con la plantilla, de este año, y otros cuarenta millones para el desarrollo de los compromisos en educación).

Por unas u otras razones el gasto en personal mantiene la senda alcista en todos los ejercicios. Cada vez ocupa una parte mayor del presupuesto, de modo que un porcentaje alto de lo que pagamos vía impuestos va destinado a financiar las nóminas de los empleados públicos ¿Cómo lo llama el Principado? ¿Inversión productiva?

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) considera que el Principado va a incumplir la regla de gasto en 2025 y 2026. Ya la incumplió en 2024 y tuvo que presentar un plan económico financiero, con la particularidad de que no detallaba los ajustes; el gasto descendía sin medidas concretas. El resultado final es que la anomalía se prolongará hasta 2027. Para la Consejería de Hacienda el problema no está en la gestión asturiana, sino en la falta de adaptación de la regla de gasto a la normativa europea. Con esa forma de razonar sortearemos todos los obstáculos.