De la negociación de los sindicatos de la Administración pública con el Gobierno salió un acuerdo salarial que prevé un incremento del 11% en las nóminas para 2028. En la escalera de aumentos salariales, el escalón más alto será en 2027 que aumentarán los sueldos el 4,5%. La concurrencia de varias circunstancias posibilitó esta subida. Entre 2021 y 2023, el Índice de Precios al Consumo (IPC) creció siete puntos más que el salario fijado por el Estado. En paralelo, los funcionarios vieron cómo los pensionistas, el otro gran colectivo con percepciones del Estado (deberían de sostenerse las pensiones con las cotizaciones a la Seguridad Social, pero en la actualidad, un tercio lo aportan los presupuestos estatales) no perdían ni una décima en su nómina en relación al crecimiento de los precios. Aún a riesgo de causar mareos, digamos que entre las pensiones y los emolumentos de los funcionarios se alcanza la módica cifra de 320.000 millones al año. Esa es la mochila del Estado.

Hay una tercera razón que explica el incremento del 11%: la necesidad del Gobierno de fidelizar el voto de los colectivos que financia. No sé si se acordarán que, en 2019, el Gobierno instauró los ‘viernes sociales’; en aquella época los consejos de ministros se celebraban los viernes y al acabar la sesión llegaba María Jesús Montero para reforzar las ruedas de prensa de Isabel Celaá con todo tipo de beneficios para el pueblo: mejora de las pensiones por incapacidad, prestaciones por desempleo a mayores de 52 años, permisos por paternidad, etc. El 28 de abril de aquel año hubo elecciones generales y Pedro Sánchez, liderando el PSOE, obtuvo 123 diputados: su mejor marca electoral.

El Estado acepta elevar un 11% más los sueldos, pero la mayor parte de la factura la paga el Principado. De los 68.000 funcionarios que hay en Asturias afectados por el acuerdo, la gran mayoría dependen de la comunidad autónoma (49.093). Estoy a favor de la homogenización territorial de salarios, pero el Gobierno debería consultar a las regiones sobre la factura que les endosa. En el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera, María Jesús Montero no dijo una palabra sobre este asunto.

El aumento porcentual de salarios supone para el Principado un desembolso que oscila de los 252 a los 264 millones, entre 2025 y 2028. El resultado del pacto laboral impide bajar los impuestos en Asturias y deja la inversión productiva bajo mínimos (ralentizará más la obra pública). Qué cara nos resulta la estrategia electoral de Sánchez.