Entre las cuestiones llamativas de la política están las propuestas concretas que hacen los partidos para el proyecto de presupuestos del territorio donde operan, en este caso, del Principado de Asturias. De todos es sabido que el Gobierno de coalición (PSOE-IU) necesita el voto de un diputado de la oposición para aprobar las cuentas regionales y sólo hay dos posibles socios: Tomé (ex dirigente de Podemos) y Pumares (único diputado de Foro). La oposición tiene otros veintiún diputados, pero no entra en los cálculos del Gobierno negociar con ellos porque son de derechas.

El pasado año, Tomé y Pumares votaron a favor de los presupuestos. Ambos están en condiciones de repetir la votación porque se encuentran en un estado de máxima debilidad política; Tomé no tiene un partido que le respalde y Pumares es secretario general de otro partido, Foro, que tras las últimas elecciones autonómicas se ha convertido, en la práctica, en una formación gijonesa: aquí están los votos y la única representación institucional relevante que tienen la región. Sin el apoyo sutil que recibe desde el poder, Foro se habría desmembrado.

Por razones de homologación ideológica, que son de gran importancia para IU, el Gobierno prefiere como aliado a Tomé. Creo que Pumares también puede sumarse a la mayoría absoluta, al presentarse a la negociación con inteligencia: avisó que las discrepancias sobre impuestos no serían un obstáculo para votar las cuentas de Adrián Barbón y redactó un sinfín de medidas concretas, con la voluntad explicitada de votar a favor de los presupuestos si recogen algunas de ellas.

Psicólogos
Veamos lo que demanda Tomé, que es donde está el meollo de la negociación. Tres peticiones: facilitar el acceso a la vivienda (asunto principal), fortalecer los servicios de salud mental y mantener la industria en la región. Empecemos por los dos últimos. Tomé hizo una relación concreta de los profesionales que quiere contratar: 100 psicólogas, 4 neuropsicólogas, 50 trabajadores sociales, 50 terapeutas ocupacionales, 30 plazas de enfermería en salud mental, 10 psiquiatras y una especialista en psiquiatría infanto-juvenil. ¿La mejora de la salud mental se propicia con una lista detallada de puestos de trabajo? El regateo en la negociación debe ser algo así: «Te lo dejo en sesenta psicólogas»; «si no me aceptas otras quince, no hay presupuestos». ¿Hay algún planteamiento teórico detrás de este plan de empleo? Me llama la atención que demande profesiones con varias docenas de trabajadores y se conforme con diez psiquiatras, que si se trata de curar enfermedades son los únicos que pueden recetar medicinas. Como en esta cuestión de la enfermedad mental está muy presente la ideología, igual gana la tendencia de sanar la mente sin pasar por la farmacia.

Empresa
En el mantenimiento de la industria, la propuesta de Tomé es la creación de un Fondo de Consolidación Empresarial. Quizás con matices distintos, pero esa idea ya la plantearon grupos que están en sus antípocas ideológicas. No obstante Tomé da una de las claves de su Fondo de Consolidación: las empresas que reciban ayudas deberán sentar a trabajadores en el consejo de administración. Aquí hay una cierta confusión conceptual: puede haber trabajadores representados en el Fondo de Consolidación, que será público o mixto, y tendrían voz y voto para dirigir los recursos hacia una u otra industria, pero en el consejo de administración de una empresa privada se sientan los accionistas.

¿Qué pensará Barbón del plan de empleo antes citado y de este modelo de empresa con gusto a cooperativa yugoslava de los tiempos de Tito?

Vamos con la vivienda que es el asunto más candente. Cuatro propuestas de Tomé: impuesto para gravar a los propietarios de viviendas vacías; la declaración de zona tensionada corresponderá al Principado y no a los alcaldes; promover 750 viviendas 100% públicas para el próximo ejercicio (150 dedicadas al alquiler de jóvenes); creación de una bolsa de vivienda de alquiler social de propiedad privada a través de un programa público.

Vivienda
La actual Ley de Vivienda contempla la posibilidad de hacer un recargo en el IBI de las viviendas que lleven, al menos, dos años desocupadas, siempre que su propietario sea dueño de cuatro o más inmuebles. No sé si Tomé se conforma con lo que pone la ley o prefiere darle otra vuelta de tuerca. Creo que habrá abundante picaresca con hijos, nietos y sobrinos viviendo «oficialmente» en pisos de padres, abuelos y tíos. En cualquier caso, el supuesto tipo de propietario con varios pisos sin ocupar se soluciona dándole garantías ante el arrendatario vulnerable. Con esa tecla se amplía o reduce, sensiblemente, la oferta de viviendas, pero la izquierda no lo cree, porque siempre desconfió de las políticas de oferta en cualquier tipo de mercado de bienes o servicios, pero esa ya es otra cuestión.

La declaración de zona tensionada (mucha más demanda de viviendas que oferta) da la oportunidad al alcalde o presidente autonómico –en el caso de que se acepte la propuesta de Tomé– de aplicar las medidas más dañinas para nivelar demanda y oferta: tope estricto a los alquileres y la prórroga extraordinaria por tres años del contrato finalizado, sin variar una coma. Así huyen en masa los inversores y propietarios.

Queda a medias lo de Tomé y apenas esbozado el problema de la vivienda. Volveremos sobre ello.