En la comisión de movilidad, en la Junta General del Principado, Alejandro Calvo dijo lo siguiente: «si yo fuera el responsable del Gobierno de España, el Huerna estaba bonificado al 100%». También se podría afirmar que, si Óscar Puente fuera consejero del Principado, lucharía a brazo partido para que no hubiese que pagar el peaje. No nos engañemos, la controversia entre los gobiernos (España y Asturias) no es una cuestión de valoraciones personales. No se trata de criterios individuales o independientes. Tanto Calvo como Puente responden a los intereses de sus respectivas administraciones. La disputa política se desarrolla en torno a ellos, no en función de opiniones o creencias. El interés del Principado se resume en liberar la tasa para que los asturianos no tengan que pagar más de 15 euros cada vez que viajan hacia la meseta; el del Gobierno central es mantener el statu quo de la prórroga hasta 2050 para no tener que indemnizar a la empresa concesionaria. Unos quieren dejar de pagar y otros no aceptan que la empresa concesionaria deje de cobrar.

José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, declaró que el Gobierno no acepta el rescate porque tendría un «coste milmillonario». Si el rescate formara parte de un plan del Ministerio de Transportes, su argumento sería impecable, pero el rescate que pretende el Principado se basa en que la prórroga de la tasa fue ilegal, como ha dictaminado la Comisión Europea. No estamos en presencia de un acto anulable, sino de un acto nulo, porque tiene un vicio de origen imposible de subsanar. Así se ha argumentado y decidido en Bruselas. Santano se mueve en otro terreno, el de la política. El secretario de Estado evita la cuestión de la legalidad para centrarse en lo caro que resultaría la supresión de la tasa, al tener que compensar a la empresa. Vale ese criterio cuando el negocio se asienta en bases legales, pero cuando se está hablando de una actividad económica basada en una ilegalidad (prolongar la tasa contradiciendo las normas), el monto del peaje no evita su supresión. Como bien dijo Alejandro Calvo, «si el peaje es ilegal, la prórroga no puede causar efectos».

La imagen que da el Ministerio de Transportes en Asturias es pésima. Se niega a aceptar el dictamen de la Comisión Europea. Hace año y medio dejó el vial de Jove en vía muerta porque era una obra cara (285,7 millones), aunque ya se había licitado, con presencia de 14 empresas (dato oculto), creo recordar. Dudo que hubieran tomado las mismas decisiones en Cataluña.