La Alianza por las Infraestructuras, el ente que convocó la manifestación contra el peaje del Huerna, se reúne hoy. Supongo que harán una valoración de la movilización y de las consecuencias derivadas de ella. El presidente del ente es Alejandro Calvo, consejero de Movilidad; le corresponde como principal responsable fijar un plan de trabajo. El Ministerio de Transportes ya tomó nota del rechazo generalizado de los asturianos a la tasa y de la irritación que produce el comportamiento ministerial, que aún a sabiendas de la ilicitud del peaje, prefiere adentrarse por la vía administrativa para pasar luego a la vía judicial, con tal de perder tiempo y retrasar la decisión. Dentro de cuatro o cinco años, una vez finalizado todo, no estarán Puente y Santano al frente del Ministerio de Transportes; otros gestionarán la sentencia adversa llegada de Europa.

En los últimos quince años, España acumuló cincuenta y cinco reveses en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por ignorar dictámenes de la Comisión Europea como el elaborado sobre los peajes de la AP-66 (Huerna) y la AP-9 (Ferrol). En ese periodo de tiempo todas las sentencias avalaron las denuncias de Bruselas. Qué fácil es con dinero público recurrir a procesos judiciales que se sabe anticipadamente que van a terminar con sentencias adversas. ¿Cuánto cuesta la penalización de esas conductas obstruccionistas que ignoran los dictámenes de Bruselas?

El Principado tiene puesta la confianza en la vía judicial; los precedentes lo avalan. El aspecto negativo está en el tiempo que transcurre hasta la sentencia. Una vez conocido en el pasado mes de julio el dictamen de la Comisión Europea y habiendo dado respuesta el Ministerio de Transportes en septiembre, se abre un periodo de negociación entre las dos partes de indeterminada duración. En los últimos años, el caso más rápido se solventó en 74 días y el más lento, en 1.342. Un trámite que en la mayoría de las veces no pone punto final a la controversia, puede conllevar una espera de más de tres años y medio. En ese tiempo, los ciudadanos que utilicen la autopista del Huerna pagarán más de 170 millones por un peaje que es ilegal.

¿Hay algún atajo? De eso tendrán que hablar los miembros de la Alianza por las Infraestructuras. Creo que, en un tiempo preelectoral, como en el que ya estamos, el Gobierno es sensible a las presiones. Un ejemplo: a los cuatro días de la manifestación, el Ministerio de Transportes anunció que iniciaba un nuevo estudio de acceso a El Musel.