En la pasada legislatura se aprobó una norma con un nombre nada rimbombante, Ley de Empleo Público, impulsada por el entonces vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño. La norma era muy ambiciosa porque aspiraba a cambiar la Administración del Principado. Un objetivo revolucionario que hasta ahora ningún Gobierno asturiano lo ha intentado. Para desentumecer la anquilosada Administración pública (también los ayuntamientos y la Universidad de Oviedo quedaban afectados) se creó la figura de la evaluación del desempeño en que se examina el trabajo que hace cada funcionario, siendo penalizado en el caso de tener un rendimiento negativo. La primera evaluación negativa conlleva participar en un programa de formación; en el caso de reiterar el rendimiento deficitario recibiría sanciones crecientes que podrían llegar a expulsar al funcionario de la Administración. La otra cara de la moneda sería la de los empleados con un desempeño positivo que recibirían un incentivo económico por su trabajo.

La cuestión es más compleja de lo que pudiera parecer a simple vista, porque la norma acaba con un principio sagrado en la función pública: café para todos. Que los funcionarios de la misma categoría tengan el mismo sueldo, con la única posible diferencia de la antigüedad (trienios, sexenios) en la institución. No importa la eficacia en el trabajo ni el compromiso con la Administración, sólo cuenta la oposición aprobada y los años calentando la silla. Inicialmente la ley estaba pensada para los puestos de mayor responsabilidad (jefes de sección y jefes de servicio). A mí entender la norma tiene algún aspecto de difícil tratamiento: ¿ quién evalúa a los miles de funcionarios del Principado?

Después de ser sometida a información pública y tras largas negociaciones con los sindicatos, la respuesta al interrogante es clara: evalúa el superior jerárquico inmediato. El cumplimiento de los objetivos colectivos lo medirán los subdirectores (una figura nueva en la Administración asturiana) y los jefes de servicio, requiriendo en todo caso la conformidad de los altos cargos de los que dependan. Ya no es un planteamiento estrictamente profesional, porque la última palabra la tienen los políticos. A ello hay que añadir que la evaluación por el superior jerárquico inmediato tiñe de subjetivismo el examen, ya que todos los avatares de la tarea diaria, con sus roces y afinidades, sus filias y fobias, condicionan la valoración de cada empleado público. Un asunto complejo.