Se cumple un año del argayo en la autopista del Huerna, que cortó la comunicación de Asturias con la meseta, dejando como única alternativa la carretera del Pajares (N-630), con sus curvas y fuertes pendientes obligando a los coches a transitar a la velocidad del camión más pesado, ya que el intenso tráfico no dejaba muchas posibilidades para adelantar. Repuestos del susto, confirmado que no había quedado ninguna persona atrapada bajo las rocas y la tierra, el objetivo inmediato era abrir una vía provisional para que pasaran los vehículos. La empresa, Aucalsa, movilizó sus efectivos, realizó las gestiones oportunas y dos semanas más tarde los coches circulaban por el ‘bypass’ construido. Todos en fila y a una velocidad baja (40 kilómetros por hora).

Solucionado lo urgente, Aucalsa pasó a hacer lo importante: apuntalar la montaña y normalizar el tráfico. La actuación se presupuestó en 7,5 millones. Así como la construcción del ‘bypass’ fue un ejemplo de celeridad y eficacia, la de recomponer la ladera lleva unos ritmos distintos. Es probable que la complejidad de la tarea haya requerido de diversos estudios, pero lo cierto es que la obra no empezó hasta mayo. Seis meses de tiempo muerto. A los trabajos previstos se han sumado los problemas en el viaducto de Campomanes que está deteriorado; la reparación conlleva más cortes de tráfico.

A todo lo anterior se han sumado las actuaciones en los siete túneles de la autopista del Huerna para que tengan las medidas de seguridad que exige la Comisión Europea. La obra se acomete con urgencia ya que será financiada con los fondos europeos siempre que esté finalizada para el 30 de junio del próximo año. No hace falta explicitar que para los conductores las obras en los siete túneles, de forma simultánea, resulta un engorro.

Puestos a hablar de penalidades, lo más lamentable es que Aucalsa siga cobrando 15,6 euros por utilizar la AP-66, como si el tráfico estuviera normalizado. Circular, forzosamente, a 40 kilómetros por hora, es una anomalía tratándose de una autopista. No se entiende que llevemos un año pagando por un servicio que no presta o lo hace de forma muy distinta a lo esperado. Ni el Principado actuó con la diligencia que cabía esperar (durante meses y meses guardó silencio) ni el Ministerio de Transportes hizo gestiones con la empresa para anular el peaje o reducirlo de forma drástica. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, en otra autopista, que obliga a devolver los peajes cobrados mientras hay obras. Un rayo de esperanza.