Joaquín Aréstegui asegura que el Gobierno regional ha recurrido a la concertación social para tratar de salvar el contenido de su proyecto presupuestario, tras ser rechazadas las cuentas regionales. El portavoz parlamentario del PP afirma que el pacto social sería “el plan B” del Principado para sacar adelante sus iniciativas para este año. El PP quiere un debate general sobre la concertación social, en la Junta General del Principado, sin reducir las posibilidades del Parlamento a una mera votación sobre la idoneidad de un crédito extraordinario que financie la concertación.
No creo que el Principado rehúse un debate general sobre el pacto social, porque es fácil defender un documento que viene firmado por los agentes sociales. El prestigio de los sindicatos en Asturias es superior al que tienen en otras regiones, y el PP nunca ha osado enfrentarse a CC.OO. y UGT. El enfrentamiento con la Fade sería aún más extraño, ya que la proximidad ideológica es obvia. Más difícil lo tiene, aún, IU, dada la afinidad con CC.OO. Los dos partidos de oposición tendrán que posicionarse sobre el contenido de la concertación social cuando falte poco más de un mes para las elecciones generales, así que un rechazo del texto puede colocarlos en una posición muy incómoda ante sus bases sociales. Aréstegui habla de desenmascarar en el Parlamento el chantaje del Principado, pero la presión electoral va a condicionar la respuesta de los partidos de oposición a la concertación. Vetar un plan del Gobierno de Areces es sencillo, pero la cosa cambia cuando se trata de un documento que reúne las aspiraciones de los agentes sociales para toda la legislatura.
La política asturiana transcurre según el guión fijado al principio de legislatura, cuando se rompió la alianza entre el PSOE e IU. Desde entonces sabíamos que el PP e IU iban a unir sus fuerzas contra el presupuesto para infringir una severa derrota al presidente Areces. Como tantas veces ocurre en política, el contenido de las cuentas regionales carecía de importancia, porque lo prioritario era dejar al Gobierno en minoría. Así ha sido. Igualmente, desde hace seis meses teníamos conocimiento que la estrategia del Gobierno consistía en ir del brazo de sindicatos y empresarios, con el objeto de firmar una concertación social de amplio contenido político e importante cobertura presupuestaria, para plantearla en el Parlamento como una iniciativa de interés regional, difícil de impugnar por la oposición. Todo lo previsto ha sucedido.
La financiación de la concertación puede fallar en algún programa concreto, pero el grueso de los recursos debe ser aprobado en el Parlamento. En el caso de que se complique la tramitación parlamentaria la solución estará en manos de los agentes sociales. Un comunicado conjunto de sindicatos y empresarios terminaría con la hipotética hostilidad del Parlamento. Para impugnar sobre bases sólidas la actual concertación social habría que haberse opuesto a los pactos de anteriores legislaturas. El problema es que cuando no se discute por conceptos, por principios, el debate se vuelve completamente oportunista, y hay que empezar a buscar disculpas con apariencia de argumentos. En Asturias todos los partidos participan de las llamadas “verdades del sistema”: adoración por los planes económicos, exaltación sindical, desconfianza por el libre mercado. Con esas premisas es difícil decir “no” a la concertación.