El asesinato del ex concejal socialista de Mondragón, Isaías Carrasco, a manos de ETA adquiere un significado especial al producirse cuando faltan menos de cuarenta y ocho horas para abrirse las urnas. El horror ante el atentado no difiere del que provoca cualquier otra acción sangrienta de la banda terrorista, pero su significación política es muy superior porque ocurre en el momento más sensible, con los ciudadanos dispuestos a votar tras una legislatura marcada por la controversia sobre la política antiterrorista.

En el imaginario colectivo el atentado de Mondragón recuerda la matanza del 11-M, porque aunque ambas acciones provengan de grupos terroristas distintos coinciden en estar planificadas para tener la mayor repercusión electoral. Como los partidos no tienen la facultad de escoger los escenarios sobre los que discurre la acción política, lo mejor es que asuman el delicado paralelismo que existe entre ambas coyunturas y actúen con gran responsabilidad, sin dejarse llevar por intereses electorales estrechos.

Hasta el momento, la actitud de los líderes políticos es muy sensata, dando por finalizada la campaña electoral al suspender los actos vespertinos de la última jornada, y formalizando un encuentro de todos los grupos en el Congreso de los Diputados para consensuar una declaración de rechazo a la violencia terrorista. Las principales organizaciones sindicales y empresariales se sumaron al comunicado.

El PP, por boca de Ignacio Astarloa, quiso introducir dos propuestas en el comunicado que fueron rechazadas. Una de ellas se refiere al compromiso de no negociar con ETA y la otra consiste en la revocación de la resolución parlamentaria del año 2005 que daba al Gobierno luz verde para negociar con la banda terrorista en caso de cese de la violencia. Era muy difícil que las demás fuerzas políticas le brindaran al PP la baza de rubricar unas propuestas que defendió este partido infructuosamente en la Cámara durante la pasada legislatura.

La contención y mesura de los partidos debe ser respaldada por la sociedad. El intento de lograr desde la calle (desde Internet) un clima de movilización que recuerde la tensa jornada de reflexión del 13 de marzo de 2004 es una inconsecuencia, entre otras razones porque en este caso no hay debate ni dudas sobre la autoría del atentado. La postura más firme ante el asesinato consiste en que cada uno mantenga su intención de voto, para demostrar a ETA que no cambia la voluntad de los españoles. Aunque puede parecer excesivo, los principales líderes políticos, como Zapatero y Rajoy, deberían hacer un llamamiento en ese sentido.

Es la segunda vez que en la recta final de la campaña electoral irrumpe el terrorismo para condicionar los comicios. La clase política y los sectores más conscientes de la ciudadanía no pueden soslayar el gran peligro que esta amenaza conlleva. El primero de todos es la potencial deslegitimación del resultado que salga de las urnas. Hace cuatro años, fue eso lo que ocurrió y la desconfianza sobre la limpieza de los comicios gravitó como una pesada carga durante toda la legislatura. La democracia funciona sobre una serie de consensos, y el más importante de ellos es la aceptación del resultado electoral. Iniciar otra legislatura especulando sobre el hipotético vuelco en las urnas ocasionado por el atentado de Mondragón tendría un coste elevadísimo. Sería una triste paradoja que los atentado de ETA o de otro grupo terrorista pudieran lastrar la limpieza del proceso electoral español. En la Unión Europea no se cuestionan los resultados de las elecciones, eso queda para países como Rusia o Egipto. Una cosa es la rivalidad electoral entre dos grandes partidos y otra la trampa.