Si el PSOE y el PP obtienen más de 150 escaños, hay que replantear el juego de gobierno y oposición
La jornada de reflexión se convirtió en un día de movilización. La agitación no se notó en la calle sino en Internet, que es el espacio dónde se puede tomar el pulso a la actualidad en tiempo real. Muy virtual y muy real. El esfuerzo por sacar ventajas electorales del asesinato de Isaías Carrasco no fue nada disimulado, discurriendo por esa vía, militantes de base y simpatizantes de partidos.

Afortunadamente, los dirigentes políticos se mantuvieron en un papel más contenido, sin entrar en una guerra de descalificaciones que hubiera degradado la jornada de reflexión y que se hubiera vuelto contra ellos porque el respeto a los muertos choca con la utilización partidista del asesinato. La autoría del atentado de Mondragón no ofrece dudas, así que fue puro voluntarismo tratar de recrear el ambiente de las horas previas a las elecciones de 2004, cuando se cruzaban unas informaciones que hablaban de ETA con otras que advertían del hallazgo de la cinta con versículos del Corán.

El nuevo atentado mortal de ETA en Mondragón tiene dos consecuencias inmediatas: mayor participación en la jornada electoral de hoy y una mayor tensión en el lazo que une a los partidos en la actividad política. Hay otras consecuencias pero son difíciles de adivinar, como el posible trasvase de votos de unas siglas a otras; especular con esta hipótesis antes de saber los resultados es muy arriesgado.

Aunque la frenética actividad de la jornada electoral impide a los líderes políticos reflexionar sobre el futuro, es bueno que los que no estamos en esa contienda tratemos de aportar algo de sensatez. Hay cosas que están ahí delante de nuestras narices y no cambian porque el próximo presidente se apellide Zapatero o Rajoy.

La primera de ellas tiene que ver con el escenario previsible al final de la jornada. Hay una manera inmediata de valorar las elecciones que consiste en dar por ganador al que cuente con más votos y por derrotado al líder del otro gran partido que quede en segundo lugar. Es normal que se entienda así. Sin embargo, las dinámicas políticas son muy complejas y hace falta conocer con más detalle los resultados para saber si estamos en condiciones de reconducir la dinámica de enfrentamiento político de la última legislatura, que en el próximo mandato tendrá un elemento nuevo de fricción derivado de la desaceleración económica.

Mi hipótesis es que si los dos grandes partidos sacan por encima de los 150 diputados, tal como anuncian la mayor parte de las encuestas, no se podrá encarar la próxima legislatura en términos de victoria y derrota. Por muy legítimos que sean los brindis con cava en la sede del partido más votado, y aunque resulten inevitables las “caras largas” en el cuartel general del otro gran partido, hay que convenir que las sensaciones de la noche electoral no ayudan a interpretar el futuro. La política no se puede reducir a un marcador como si fuese una competición deportiva.

Una mirada a lo que ocurrió en la pasada legislatura nos pone sobre la pista. Aunque entre el PSOE y el PP había 16 escaños de diferencia (164/148), la iniciativa política estuvo sólo a ratos en manos del Gobierno. En los asuntos importantes en que no hubo consenso (proceso de paz, Estatuto de Autonomía de Cataluña, Ley de Memoria Histórica), el coste de llevar adelante las propuestas fue cuando menos tan elevado como el beneficio. Sin embargo, la entente PSOE-PP quitó hierro a otros asuntos tan problemáticos como los primeros. El mejor ejemplo es el Estatuto de Autonomía de Andalucía que despertó recelos hasta en el gobierno socialista de Extremadura, pero que el acuerdo entre Chaves y Arenas lo hizo pasar por el Parlamento como si fuese una modesta reforma del Estatuto anterior.

Esta apreciación se puede extender a asuntos que sólo inciden tangencialmente en la esfera política, como los movimientos empresariales. La Opa de Gas Natural sobre Endesa, amparada por el tripartito catalán, chocó con la oposición del PP, organizándose una batalla de gran desgaste empresarial y político. Sin embargo, los actuales movimientos del gigante de la electricidad francesa, EdF, y de la constructora ACS para hacerse con el control de Iberdrola no tienen lectura política, ante el silencio compartido del Gobierno y del PP (Pizarro).

Como el ambiente político está muy encrespado, los seguidores de los dos grandes partidos esperan que de las urnas salga hoy una solución que pase por la deslegitimación clara de la estrategia del rival. Sin embargo, las urnas expresan correlaciones de fuerzas, no alumbran medidas taumatúrgicas. Si los dos grandes partidos sacan más de 150 diputados, el mandato de las urnas será el de entendimiento, más allá de la composición concreta del Gobierno. Las cosas no están maduras para formar una gran coalición, pero tampoco están tan sólidas como para reproducir una carrera de deslegitimaciones mutuas que alcanza de lleno a las instituciones.

No va ser fácil para Zapatero y Rajoy compaginar el rol del antagonismo con la comprensión o la divergencia atenuada, según los asuntos. Sólo cuentan con una fuente de sabiduría: la experiencia crítica del pasado mandato. En esa tarea les pueden echar una mano los pesos pesados del PSOE y del PP, confirmando en el liderazgo interno a ambos dirigentes. Dos partidos que representan el 90% de los escaños del Congreso de los Diputados tienen que hacer un esfuerzo por limitar la naturaleza de sus desacuerdos y la intensidad de sus discrepancias.

No quiero terminar sin comentar algunas curiosas manifestaciones de Zapatero y Rajoy que pudieran poner un epílogo polémico a los comicios. Zapatero afirma que renuncia a formar gobierno si tiene menos escaños y Rajoy valora la previsible abstención socialista ante una hipotética investidura presidencial del líder del PP.

Seamos serios y no propiciemos equívocos. La Constitución, en su artículo 99, fija el modo de obtener la investidura presidencial, que será por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, en primera votación, y mayoría simple en un segundo escrutinio. No entra a valorar si los apoyos proceden de los diputados de un grupo parlamentario o de varios grupos. No existen planteamientos a la carta, según qué líderes. Todo rigor es poco para evitar un inicio de legislatura con polémica.