Jaime Rabanal considera que la reforma del Estatuto de Autonomía no debe incluir una cláusula que fije la cuantía de las inversiones del Gobierno en nuestra región. El consejero de Economía asegura que el Gobierno de España debe gozar de autonomía para decidir las inversiones en todo el territorio nacional.

La postura de Rabanal es impecable, no ya desde la perspectiva de las competencias del Gobierno sino desde el más elemental sentido común: una norma autonómica no puede entrar en el reparto de los Presupuestos Generales del Estado. Lo que ocurre es que Asturias afronta su reforma estatutaria cuando otras comunidades ya la aprobaron y sus estatutos forman parte de las leyes orgánicas de nuestro ordenamiento jurídico. Cataluña ha fijado la inversión que debe realizar el Estado en su territorio durante los próximos siete años, tomando como referencia la aportación catalana al PIB nacional. Andalucía ha establecido igual obligación al Estado, pero tomando como baremo la población. En otras regiones optaron por hablar de “deuda histórica”, fijando la cantidad de dinero que tiene que entregarles el Estado por ese concepto. En ese marco se inscribe la reforma asturiana, así que no cabe desentenderse del contexto general.

Los socialistas asturianos (Gobierno regional, FSA) subrayan que el nuevo sistema de financiación autonómica se decidirá en una negociación multilateral de todas las comunidades con el Gobierno central. Ese es el cauce para hacerlo. Ahora bien, a estas alturas se puede ser cualquier cosa menos ingenuo. Si Cataluña o Andalucía tienen leyes que blindan las inversiones del Estado en sus territorios, nosotros no podemos dejar de reflexionar sobre la fórmula que mejor garantice los intereses asturianos. Está muy bien que el PSOE y el PP coincidan en la necesidad de abordar la reforma estatutaria y que tengan un alto nivel de coincidencia en sus propuestas, pero deben saber que el Estatuto de Autonomía es el arma más eficaz para garantizar el compromiso del Estado con Asturias, con independencia del partido que ocupe el Gobierno central. Si no se habla en el Estatuto de financiación autonómica (por las vías que sean) es que se prefiere discutir sobre el sexo de los ángeles.