En la sesión de la Junta General del Principado dedicada a preguntar al presidente salió a relucir la Ley de Buen Gobierno, que con la Ley de Transparencia, constituye la pareja de oro de las iniciativas legislativas del Principado en este mandato. Ambas normas contienen tal cantidad de errores de forma y fondo que han alarmado a los servicios jurídicos de la Cámara y llevado a la oposición a realizar múltiples enmiendas. Javier Fernández asumió los errores del Gobierno, pero pidió a Aurelio Martin, portavoz de IU e interpelante del presidente, que pechara con sus culpas porque todo lo aportado por IU a la Ley de Buen Gobierno se resumía en dos folios de propuestas evanescentes. Una respuesta reveladora de la visión del presidente de la actividad de las instituciones. La responsabilidad de llevar adelante el proyecto de ley es del Ejecutivo, impulsor de la norma. Los errores ortográficos y sintácticos también procedieron del Ejecutivo. Los posteriores dislates sobre el mecanismo de cese del presidente (sólo podría ser censurado por sus consejeros de Gobierno, una barbaridad única en el orbe democrático: los subordinados se convierten en jueces del jefe) también constituyen una aportación sin par de la Consejería de Presidencia del Ejecutivo. A IU y los demás grupos de la oposición sólo cabe reprocharles el exceso de paciencia, en vez de negarse a negociar un proyecto equivocado y torticero del Principado.

Hay una docena de normas haciendo cola en la Junta General del Principado cuando faltan tres semanas para disolver la Cámara. La laxitud del Gobierno regional, bien sea con los planes de empleo, con la ejecución de las infraestructuras, con la gestión del salario social o con las iniciativas parlamentarias, hace que se formen colas reales o virtuales en todas las áreas sobre las que opera. En la Ley de Buen Gobierno, como en la Ley de Transparencia, hay errores que proceden de la incompetencia técnica de la Administración socialista y otros que derivan de una concepción política de fondo que se resiste a abrir la acción del Gobierno a la crítica y el control de las instituciones. Estos últimos son los más preocupantes. En el proyecto del Gobierno el régimen de sanciones sólo afecta a directores y secretarios generales; el proyecto plantea unas exigencias que están por debajo de la actual normativa. Conclusión: un mal gobierno no puede hacer la Ley de Buen Gobierno.