La ponencia parlamentaria encargada de negociar la reforma del Estatuto de Autonomía ha retomado sus trabajos. El estudio se inició a principios del pasado otoño, pero los tres partidos que constituyen la ponencia aplazaron las reuniones hasta después de las elecciones generales. Los comicios ya se celebraron hace un mes, pero la vida parlamentaria asturiana sigue una pauta lenta, propia de una región con poca movilidad política y social donde hay prevención hacia los cambios. Por fin, a los once meses de celebrarse las elecciones autonómicas, la Junta General de Principado aborda en serio la reforma del Estatuto, que los propios partidos políticos habían calificado de prioridad del actual mandato.

Los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP, IU) han decidido dar un rodeo para no toparse con los asuntos conflictivos que están en el primer título del Estatuto, como el tratamiento que se debe dar a la llingua o la definición de la capitalidad. El estudio de la reforma se iniciará por la cuestión de las competencias. El Gobierno regional siempre relaciona la reforma con la asunción de nuevas competencias, dentro del objetivo de elevar las cotas de autogobierno. Hay comunidades autónomas, como el País Vasco, que dan tanta importancia al crecimiento competencial que, en caso de observar resistencias por parte del Gobierno central, amagan con constituirse en «Estado asociado».

Un análisis desapasionado lleva a la conclusión de que el Estado ya ha transferido todo lo que afecta a los ciudadanos, desde la Sanidad y la Educación hasta la Justicia (en la última fase de la negociación) y los Servicios Sociales, pasando por Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Hasta tal punto está descentralizado el Estado que se está rebasando el umbral de la operatividad, como se ve con el problema del agua, que se ha convertido en una guerra de territorios por falta de una autoridad central con suficiente poder para arbitrar soluciones. La idea de los miembros de la ponencia es reformar el actual Estatuto, descartando la creación de uno nuevo. Una posición que se contradice con el interés por inspirarse en los textos de otras comunidades autónomas, porque hasta las reformas aprobadas con el PP (Andalucía, Comunidad Valenciana) tienen otra ambición.