El Rey ha pronunciado el discurso de apertura de la novena legislatura exhortando a la unidad de los partidos en la lucha contra el terrorismo y llamando al diálogo para fomentar la cohesión y la solidaridad ante la difícil situación económica.

A los pocos días de iniciarse el mandato las expectativas están intactas. A diferencia de lo que ocurrió hace cuatro años, en el debate de investidura no se fijaron objetivos preocupantes (ambiciosas reformas institucionales) ni se apuntaron alianzas dudosas (ERC e IU). El presidente Zapatero, con buen criterio, ha preferido ser elegido en segunda votación, antes de vincularse a un PNV que no ha despejado las dudas sobre la estrategia que va a llevar a cabo en el País Vasco en los próximos años. Con las fuerzas catalanistas tampoco se ha establecido ningún compromiso. Zapatero y Rajoy están dispuestos a llegar a pactos sobre la lucha antiterrorista, la reforma de la Justicia, la política exterior y la financiación autonómica. A esos acuerdos pueden sumarse otras fuerzas. Soy consciente que la elección de los ministros ha producido cierto desconcierto, porque es difícil sustraerse a la idea de que en la confección del Gobierno ha predominado la obsesión por la imagen y por trasladar mensajes posmodernos, en vez de poner a políticos capaces en todas las carteras para hacer frente a los problemas que se enfrenta España. Pero lo importante es gobernar sin ataduras, aunque el presidente Zapatero no goce de una mayoría absoluta de la Cámara.

El objetivo de la lucha contra ETA es una constante en las nueve legislaturas. A la España democrática siempre la ha acompañado, por desgracia, la actividad terrorista. La división del anterior mandato sobre ETA, entre el Gobierno y el PP, no puede volver a repetirse. En las manos de Zapatero y Rajoy está lograr este objetivo. El otro gran asunto del mandato es la crisis económica. En el debate de investidura Zapatero estuvo muy optimista en sus previsiones, pero los datos que nos llegan del mercado inmobiliario, de la actividad crediticia y del consumo impiden compartir la valoración del presidente. Lo primero que hay que hacer es fijar una política realista: no se puede gastar y reducir ingresos simultáneamente.