IU ha advertido que no apoyará la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias si no incluye un cambio de la Ley Electoral, que permita convertir toda la región en una sola circunscripción electoral, y una carta de derechos sociales, en línea con lo contemplado por los nuevos estatutos, como el aprobado para Andalucía. No es la primera vez que IU incurre en la mala costumbre de empezar una negociación política fijando cláusulas obligatorias al resto de los partidos. Ni el PSOE ni el PP han dicho qué asuntos debía incorporar el nuevo Estatuto para contar con su apoyo. La demanda del reconocimiento de la capitalidad para la ciudad de Oviedo fue una exigencia de Gabino de Lorenzo, pero no una propuesta de los diputados del PP dentro de la ponencia parlamentaria. La táctica de establecer unos objetivos previos irrenunciables la utilizó IU para negociar el Gobierno de coalición con los socialistas, y sólo sirvió para quedar fuera del Ejecutivo. Que un grupo claramente minoritario le diga a los dos mayoritarios lo que tienen que hacer si quieren contar con su apoyo es una forma como otra cualquiera de pedir que lo excluyan del acuerdo. ¿Es eso lo que pretende IU ante la sintonía del PSOE y del PP en la reforma estatutaria?

Hecha esta aclaración conviene analizar las dos condiciones que pone IU. Cambiar la normativa electoral, estableciendo una sola circunscripción, es un completo acierto. Someter a una región pequeña, como Asturias, a la artificial división de tres circunscripciones electorales puede ser rentable para el PSOE y el PP, pero es un atentado contra el sentido común. Resulta absurdo que un ciudadano de Villaviciosa no vote las candidaturas encabezadas por Areces, Ovidio Sánchez o Jesús Iglesias, sino unas listas de militantes “del Oriente”, o que un ciudadano de Cudillero vote las listas “del Occidente”. Además de ser absurdo es una forma descarada de propiciar el localismo, el verdadero cáncer de la política asturiana.

Valoración distinta merece la propuesta de crear una carta de derechos sociales, como el derecho a la vivienda, por poner un ejemplo. Para reconocer derechos básicos ya está la Constitución, así que el Estatuto de Autonomía no tiene que entrar en esas consideraciones.