El pasado día 30 de septiembre tuvo lugar la apertura del curso académico en la Universidad de Oviedo. Aunque en todo lo que tiene que ver con las administraciones públicas (incluyo en esta denominación desde ayuntamientos hasta juzgados) la rutina es la nota predominante, cabe decir que en esta ocasión se inicia un curso diferente en el que se tomarán decisiones que marcarán el rumbo de la Universidad para los próximos decenios. Los viejos planes de estudios, con carreras superiores y medias, quedarán definitivamente arrumbados, dando paso a las nuevas denominaciones alumbradas en el Espacio Europeo de Educación Superior.
En este otoño, la Universidad de Oviedo, como otras muchas españolas, va a dar un salto en el vacío, cambiando todo, desde las asignaturas hasta las aulas pasando por los métodos de enseñanza. No creo que ninguna de las instituciones universitarias españolas se encuentre preparada para ello, pero como es un mandato nacido en Bolonia -la decana de las instituciones universitarias-, se encara con optimismo.
Si alguien piensa un minuto, sin prejuicios, convendrá que un ingeniero industrial o un médico pueden trabajar en otros países sin mayores trabas. Quiero decir que para perfeccionar las homologaciones académicas no hacía falta un experimento tan arriesgado.
Lo que ahora se propone es hacer una pirueta sin red que por la parte española se ha asumido con el mayor de los desparpajos, poniendo la casa patas arriba para abrazar el mandato de Bolonia. La adaptación española al Espacio Europeo de Educación Superior es una copia del modelo anglosajón, que funciona siempre que se cuente con muchos medios, entre ellos una ratio, profesor/alumno, distinta a la que hay en la mayor parte de las universidades españolas. No especulemos más, el asunto no tiene remedio, y en este otoño hay que decidir nombre y programa de los nuevos títulos: grados y postgrados.
Batallas políticas
¿Y cómo llega la Universidad de Oviedo al umbral del cambio? En el año 1995 se realizó la transferencia de las competencias desde el Estado al Principado. La falta de experiencia convirtió el traspaso en un fracaso al no incluir la lista de profesores asociados en el paquete financiero que acompañó a la transferencia. La Universidad de Oviedo pasó a manos autonómicas con déficit.
El encaje de la Universidad de Oviedo en el formato autonómico fue muy particular, porque en seguida quedaron fijadas las reglas del juego: la institución académica al ataque y el Principado a la defensiva. En contra de lo que pudiera pensarse, los rectores no jugaron un papel estrictamente académico, sino abiertamente político, y sorprendieron a los gobiernos regionales por donde menos lo esperaban.
El nuevo campus de Mieres, negociado por los líderes sindicales de la minería con el rector Julio Rodríguez, dejó al presidente Marqués fuera de juego. Una inversión de más de 120 millones de euros, buque insignia del primer programa de fondos mineros, se materializó contra la opinión del Principado. La Universidad tomaba la iniciativa y se convertía en eje de la batalla política.
Con Álvarez Areces de presidente y Juan Vázquez de rector las tensiones entre Principado y Universidad de Oviedo no decayeron, aunque fueron más soterradas. El Principado asumió el saneamiento económico del ‘alma mater’, pero desde el rectorado no se dejaron de hacer demandas. Es curioso que el déficit económico se enjugara por la vía de las mayores aportaciones del Principado sin que se ensayara una reducción de gastos por parte de la institución académica.
Las batallas políticas y los déficit económicos tienen cierta importancia, pero la verdadera secuela del proceso vivido es la falta de control de la Universidad de Oviedo por parte del Principado. Hasta la fecha, el Gobierno regional se ha limitado a pagar las facturas de la Universidad y a hacer recomendaciones para que se apruebe a más alumnos, cuando convenía tener otras relaciones. Veamos un ejemplo.
Más médicos
Asturias necesita más médicos, lo que ha llevado a pensar en traerlos de países menos desarrollados. En la Facultad de Medicina opera un férreo ‘numerus clausus’, que cierra las puertas a alumnos con un 8,5 de media en el Bachillerato. Lo más que ha logrado el Principado es la dotación de diez nuevas plazas en el primer curso. La única razón de fondo para no abrir la mano es el miedo de un poderoso clan profesional a perder preponderancia en el mercado de trabajo, cosa que ocurre cuando quedan titulados en paro. En ninguna otra carrera opera ese prejuicio. El Principado no interviene, conformándose con paños calientes. Hace treinta años, a la Universidad se le pedía que impartiera títulos, pero ahora se ha puesto sobre sus espaldas la pesada carga de dar soluciones a los problemas de la región. Cada vez que se habla de I+D -y cada día se va a hablar más-, se mira para la Universidad. La manida cantinela de la relación con las empresas no opera en doble dirección, sino como un reproche a la institución académica por insuficiente colaboración. Estas cosas incumben a los rectores universitarios, pero también al Principado.
La llegada de Vicente Gotor al rectorado supone un giro, por su clara renuncia a jugar un papel político y su disposición a entenderse con el Principado. Sería bueno que en la planificación de los postgrados el Principado transmitiera sus inquietudes.