El PSOE e IU se han puesto de acuerdo sobre los criterios de gestión que deben seguirse en los geriátricos. Cuando se trate de centros que tengan una dimensión relevante y cuya titularidad recaiga en el Principado, la forma de prestar los servicios ligados a la Ley de Dependencia tiene que ser a través de empleados públicos. Ni que decir tiene que la residencia de Sotrondio, construida por Sedes, entra dentro de esta categoría por las dimensiones y objetivos del equipamiento.

Resulta realmente chocante que en una negociación que se desarrolla dentro de unas coordenadas de reserva y secretismo como no se dan en todo el mapa autonómico, el asunto que salga a la superficie sea tan periférico a los intereses de Asturias como el del carácter de empleado público o contratado laboral del personal que trabaja en las residencias de la tercera edad. Tal vez para IU tenga algún sentido esta disputa, si se mezclan en la misma intereses sindicales, pero en cualquier caso no son propias de un programa de gobierno ni procede discutirlas en una mesa de la que debe salir un gobierno de coalición. No estamos en presencia de una anécdota propia de una negociación entre dos partidos sino que representa hasta qué punto está vigente el pensamiento inmovilista en la región. Aunque los dos partidos se identifican con la etiqueta de “progresista”, no hay nada más reaccionario que defender el statu quo asturiano, marcado por visiones tan antiguas sobre lo público o lo privado como la exteriorizada por la clase política regional cuando llegó Mittal a Aceralia, al formarse un coro de voces diciendo que era el anticipo de la ruina para Asturias. El Presupuesto del Principado ronda los 4.000 millones de euros, y si pretendemos enganchar todas las actividades asistenciales de esa cifra será un fracaso. Ya resulta muy complicado gestionar la red pública sanitaria -como tiene reconocido el consejero de Salud, Ramón Quirós-, como para ponerse a financiar una estructura semejante con los servicios sociales.

No deja de ser simpática la división entre centros públicos o concertados según el tamaño del equipamiento. Si los ancianos están en una pequeña residencia los podrá atender una empresa privada, pero si residen en un centro grande quedarán en manos de funcionarios.