El acuerdo del PSOE e IU tiene el mérito de la rectificación a tiempo, porque con un pacto entre las dos fuerzas debería haberse iniciado esta legislatura. La vida parlamentaria se rige por el pragmatismo, y en una Cámara con tres fuerzas políticas, en las que ninguna de ellas tiene mayoría suficiente, se impone el acuerdo, bien sea formalizando un gobierno de coalición o llegando a algún tipo de pacto de legislatura. En los países avanzados esas operaciones no se discuten.

Desde que en el Congreso de la FSA Javier Fernández retomara la oferta de pacto estaba claro que el diálogo conduciría a la formación de un nuevo gobierno de coalición. No creo en el patriotismo de los partidos, sacrificándose por el bien común, sino en el beneficio que obtienen las organizaciones políticas firmando acuerdos. En este caso se trata del clásico pacto que genera ventajas para los dos socios: el PSOE garantiza la aprobación anual de los Presupuestos del Principado y el visto bueno de la Cámara a cualquier iniciativa política; la ganancia de IU es aún más evidente, porque vuelve al centro de la política regional, de la que había quedado apartada con los acuerdos entre el Gobierno y el PP, y toma posiciones en el Ejecutivo autonómico, en un momento en que las desavenencias con el Partido Comunista le han privado de una infraestructura mínima para hacer política y cuando Llamazares ha dejado de ser el líder nacional de la organización. Si el pacto les interesaba a los dos, no podía haber ninguna duda sobre el resultado de la negociación.

La experiencia vivida en la pasada legislatura con el Gobierno de coalición fue positiva para Asturias, así que resultaba absurdo desandar el camino y volver a la cultura del enfrentamiento, que no aporta nada positivo. Aceptada la bondad del pacto, veamos algunos costes y renuncias que ha provocado el tipo de acuerdo alcanzado.

Frente a la idea sensata de elaborar una breve declaración política que justificara la formación de la coalición de gobierno, las direcciones de los dos partidos han optado por redactar un extenso programa de gobierno lleno de propuestas concretas. Ahí ya surge la primera duda: ¿qué objetivos rigen a partir de ahora, los planteados en la sesión de investidura o los confeccionados a medias con IU? Si se archiva el programa de investidura hay que decirlo, no vale el silencio administrativo.

La primera medida del documento consiste en aprobar un ‘Plan Autonómico de Empleo en colaboración con Ayuntamientos y Sector Público asturiano’ que permita generar nuevos puestos de trabajo. La intención es estupenda, pero el instrumento parece entresacado de los planes de los años ochenta del siglo pasado para paliar los efectos de la reconversión industrial. El sector público asturiano, a estas alturas, se reduce a Hunosa, y si se refiere a los organismos autónomos dependientes de las administraciones territoriales estaremos identificando las políticas de empleo con las ofertas de puestos de trabajo de la Administración.

La preocupación por el empleo no puede llevar a confundir la creación de puestos de trabajo, ligados a la obtención de plusvalía, con crear actividad por el método de cambiar el dinero de manos: pago de impuestos que revierten en contrataciones de personal. Este mecanismo es la principal palanca de empleo en Andalucía.

El documento está lleno de apartados (Industria, Política Fiscal, Planificación Territorial, Movilidad, Gestión de residuos, Educación, Juventud, Igualdad, Sanidad, etcétera), pero, curiosamente, no hay ninguno dedicado a la energía. Sólo en el apartado de la ‘Sostenibilidad’ se habla de ahorro energético y del fomento de las energías renovables, como prioridad. Me parece un olvido demasiado llamativo como para no formular algún interrogante.

En la campaña de las elecciones generales, celebradas este año, la cabeza de lista de IU, Laura González, llegó a plantear la necesidad de adoptar una moratoria para las centrales de gas de ciclo combinado. Soy consciente que la apuesta por el gas, con la regasificadora de El Musel como equipamiento más significativo, no la va a detener la entrada de IU en el Gobierno regional, pero es un dudoso mensaje que se obvie la energía en el programa de gobierno, mientras se señala, de pasada, que el ahorro energético y las energías renovables son la principal prioridad. ¿No son tan prioritarios los ciclos combinados?

En el apartado de la ‘Gestión de Residuos’ se habla de aceite, de lodos, de recoger, de reciclar, de Cogersa, pero no se menciona a la incineradora. Hace más de tres meses que obran en poder de Cogersa los estudios técnicos que aconsejan la instalación de la incineradora, así que hay que entender que el asunto queda en vía muerta. Lo mismo ocurre con el embalse de Caleao.

Una de las especialidades de la clase política asturiana es la de dilatar indefinidamente la solución a los problemas. El mejor ejemplo son las líneas de alta tensión que deberían evacuar la electricidad que producimos y no consumimos. 25 años llevamos hablando de ellas. Con las políticas del agua o de residuos puede ocurrir lo mismo.

La formación de un Gobierno con mayoría absoluta garantiza que los proyectos no serán rechazados por la Cámara, aunque sólo el tiempo nos dirá si la ampliación del Ejecutivo va a suponer el aplazamiento de iniciativas políticas que la causa del progreso demanda. La solución dada al geriátrico de Sotrondio puede ser sólo el síntoma de una forma general de proceder. Este asunto merece otra vuelta