La crisis económica que ahora tratan de solucionar los países del G20 se desató con la quiebra de Lehman Brothers a mediados de septiembre. Hasta entonces, todo quedaba en alusiones a las hipotecas basura y a la pérdida de empuje de la economía mundial, porque la caída libre no se produjo hasta que se derrumbó el cuarto banco más grande de los Estados Unidos, que arrastró ese mismo día el Ibex-35 al punto más bajo de los últimos dos años y colocó al precio del petróleo, de una tacada, por debajo de los 80 dólares.
El temor por la fragilidad de los bancos y el fantasma de la crisis de 1929 es una novedad de este otoño, que pronto asumió la clase política asturiana tomando el rábano por las hojas: al día siguiente de quebrar Lehman Brothers los diputados del PP no se presentaron a la reunión de la ponencia parlamentaria que estudiaba la reforma del Estatuto de Autonomía, dejando en vía muerta la principal iniciativa legislativa del mandato.
Saco a relucir este asunto porque hay un abismo entre el discurso oficial del estamento político asturiano y las actividades reales en las que gasta sus energías. Todos los partidos ponen la crisis económica en el frontispicio de sus discursos, pero a los sesenta días de desatarse la que se ha dado en calificar como «tormenta perfecta», las preocupaciones reales son otras.
Interioridades
Durante el otoño, PSOE e IU han estado centrados en negociar un gobierno de coalición que tuvo un proceso largo de maduración. Las fricciones surgidas para el acuerdo no tuvieron nada que ver con la crisis económica, sino con pruritos ideológicos, como el carácter público o privado que deben tener los establecimientos asistenciales para la tercera edad. Hubo otro tipo de dificultades para llegar a la coalición, relativas a las consejerías que debían ceder los socialistas a IU. Como se puede ver, es lo mismo negociar con bonanza que con «tormenta perfecta».
El caso del PP es aún más llamativo. Lo propio de un partido de oposición es responder con agilidad ante los cambios de coyuntura al no sufrir las inercias del grupo que está al frente de la Administración. Sin embargo, el PP regional ha estado en silencio durante este tiempo, centrado en maniobras internas ante el congreso de la organización. Juan Morales fue el dirigente que más apareció en público para hablar sobre compromisarios y sobre la necesidad de cambiar la dirección de su partido. Ovidio Sánchez se movió entre bastidores hasta llegar a converger con Pilar Fernández Pardo, una vez asegurado el apoyo de las mayores juntas locales del PP.
Mientras unos negocian y otros conspiran, ArcelorMittal redujo su producción en cerca de un 50%, los dos astilleros de la bahía gijonesa están en graves dificultades, los stocks de parabrisas de Saint Gobain alcanzan cotas históricas y en Azsa las disputas laborales se convierten en problema de orden público. Por no hablar de la crisis de la vivienda o de la caída del empleo.
Con el Parlamento bajo mínimos (estado habitual de la Junta General del Principado), sólo cabe apuntar como signo positivo el acuerdo negociado por el Gobierno regional con siete entidades bancarias para avalar los créditos dados a pymes y a compradores de vivienda protegida, así como a empresas de la construcción.
Llegados a este punto, cabe preguntarse si no hay debate político en Asturias, o si todo queda reducido a interioridades de los partidos, con sus pactos ideológicos o sus disputas internas.
Ayuntamiento de Oviedo
Claro que hay debate, el organizado por el Ayuntamiento de Oviedo en torno a patrimonios y sueldos públicos, y trasladado a toda la región. Las particularidades del patrimonio de Gabino de Lorenzo con su yeguada (difícil encontrar un paralelismo en la vida nacional) dio paso a una bronca controversia sobre sueldos públicos, con Paloma Sainz y Víctor Marroquín en el centro de los ataques de los concejales del PP. A partir de ahí, el blanco de las críticas se extendió a toda la región, con el complemento de 5.000 euros dado a los directores generales o el aumento de cargos públicos.
Hay circunstancias que facilitan el desencadenamiento de ese debate, debido al contraste existente entre el país real que expulsa del mercado de trabajo a 6.000 personas al día, y el país oficial, cómodamente instalado sobre el gasto corriente. Los caprichos de Benach y Touriño con sus coches oficiales son ejemplo de ello.
La particularidad asturiana estriba en que las acusaciones sobre sueldos y gastos ocupan toda la escena regional, hasta constituir la única forma de relación entre derecha e izquierda. Como ya había ocurrido con la frustrada reforma del Estatuto de Autonomía, la política regional del PP no está dictada por Ovidio Sánchez, ni por Pilar Fernández Pardo, ni por Juan Morales, sino por Gabino de Lorenzo.
Las referencias a la crisis económica son un mero recurso retórico, porque a diario se comprueba que las preocupaciones de la clase política son otras. Prolongar el debate sobre sueldos y gastos puede ser letal para una clase política, como la asturiana, que no goza de una alta estima entre el público. Puede que a De Lorenzo le resulte beneficioso discutir sobre chiringuitos, porque no tenga ya nada que perder tras el desastre sufrido en las elecciones generales de marzo, pero el resto de dirigentes de la derecha y la izquierda deben pensar hasta dónde les conviene llevar la táctica del insulto y la sospecha.