A los ayuntamientos, como a las autonomías, el propio Estado, los bancos, los concesionarios de coches, las constructoras y las pequeñas empresas, no les salen las cuentas. Antes del verano, la Federación Española de Municipios y Provincias había diseñado un plan de ataque, que pasaba por pedir 7.000 millones de euros al Estado para solucionar los problemas más urgentes y exigir, luego, estar en la mesa de la financiación territorial al mismo nivel que las comunidades autónomas. Cuatro meses más tarde, viendo que el Gobierno recauda menos, los ayuntamientos han cambiado de estrategia y solicitan permiso para endeudarse.

El pasado día 10 de octubre, en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las comunidades autónomas obtuvieron permiso para incurrir en déficit público, que podrá alcanzar la cuantía del 1%. De esa cantidad podrán dedicar un 0,75% para deuda pública y el 0,25% para financiar inversiones productivas. El Gobierno de Zapatero tuvo que ceder ante esta petición, porque el propio Gobierno central pasó de tener un superávit de 24.000 millones de euros a confeccionar un proyecto presupuestario con el 2% de déficit, y ahora ya se habla de que el próximo año el déficit público sobrepasará el 4% del PIB. Los ayuntamientos quieren tener el mismo margen que las comunidades autónomas para confeccionar sus presupuestos y así poder hacer frente a las demandas de gasto.

Abierta la espita del endeudamiento, todas las administraciones territoriales acudirán al déficit público. Estamos inmersos en una coyuntura singular que da licencia para apelar a recursos extraordinarios, como la aceptación del déficit y el endeudamiento. Ahora bien, no puede basarse la actual economía municipal en aumentar los compromisos de pago dentro de unos años. Si los ingresos públicos menguan, hay dos opciones: se incrementan los impuestos o se recortan los gastos. Para lo primero ya está el IBI, que es el gran tributo en manos de las corporaciones municipales. En cuanto al gasto, requiere un cambio de mentalidad y dejar de hacer algunas actividades que drenan las arcas municipales. Tengo la impresión de que los alcaldes todavía no han adaptado la política municipal a la coyuntura, pero sólo es cuestión de dejar pasar unos meses más.