En un documento sobre la actual situación regional, la Comisión Ejecutiva del PSOE puntualiza dos cosas: la posición de los socialistas sobre el Estatuto de Autonomía se corresponde con lo elaborado por la ponencia parlamentaria encargada de reformar la norma autonómica, y la creación de un consenso social para afrontar la crisis es una tarea más urgente que cambiar el Estatuto.
Al abordaje de estas dos cuestiones orientaron los socialistas su estrategia durante este año. En el Estatuto se creó una situación inesperada, porque una vez negociado un texto entre el PSOE y el PP, las huestes de Ovidio Sánchez interrumpieron la tramitación pretextando que era incompatible con el pacto de Gobierno de la izquierda. Hay comunidades autónomas en que la reforma autonómica se alcanzó con el acuerdo de los dos grandes partidos, caso de Andalucía, mientras que en otras, como Cataluña, el PP se opuso a la reforma. Lo que no ocurrió en ningún territorio fue la peripecia asturiana: identidad de puntos de vista entre los dos grupos mayoritarios, para romperse el pacto por culpa de un asunto ajeno a las reivindicaciones autonómicas, como es la cesión de dos consejerías a IU. A decir verdad, tampoco en el resto de las comunidades autónomas se dio la intromisión de un alcalde, como poder fáctico local, en el articulado del Estatuto. No cabe dar otra interpretación a las exigencias de Gabino de Lorenzo sobre el estatus de capitalidad para Oviedo, que rápidamente asumió Ovidio Sánchez.
Es muy improbable que se retome la reforma del Estatuto. En una Cámara de 45 escaños es inusual que un grupo de oposición de 20 diputados marque la agenda parlamentaria hasta el punto de interrumpir la tramitación de una ley, de forma unilateral, y forzar a la mayoría a volver a la negociación cuando le parezca. En cuanto a la izquierda, está claro que bastante ocupada va a estar con la gobernación de la región. La cuestión está en saber si el PSOE considera que la crisis económica demanda la colaboración del PP o si basta el acuerdo con IU. En el Parlamento la izquierda tiene mayoría absoluta, pero en la calle (el consenso social al que alude la Comisión Ejecutiva) resulta muy dudoso que se pueda gobernar en términos de «izquierda contra derecha» si la recesión se prolonga durante el resto de mandato.