La información que aparece en estas páginas sobre las propuestas realizadas por el grupo parlamentario del PP a la Sindicatura de Cuentas de fiscalizar graves irregularidades en el IDEPA y en las obras del HUCA añade más datos a la controversia sobre la Sindicatura. Veamos.
Los asuntos trasladados por Alejadra Cuétara, Cuervas-Mons y Galcerán a la Sindicatura de Cuentas ya habían sido tratados en el Parlamento, considerando los diputados populares que fue insatisfactoria la respuesta dada por el Ejecutivo. Si en el caso del IDEPA se habla de gravísimas irregularidades lo más práctico sería ponerlas en conocimiento de los tribunales de Justicia. En el caso de que en la adjudicación de un contrato medie información privilegiada estaremos en presencia de un presunto delito, así que procede acudir a la vía jurisdiccional. Sin embargo, los diputados del PP realizaron la denuncia ante la Sindicatura.
La institución fiscalizadora goza de autonomía para establecer su programa de trabajo, del que rendirá cuenta posteriormente a la Junta General del Principado. No es un buzón de quejas ni un defensor del pueblo ni actúa a instancias de parte, aunque es cierto que a órganos similares en otras comunidades autónomas han llegado, en ocasiones, denuncias de grupos políticos.
En caso de investigar la Sindicatura de Cuentas los hechos puestos en su conocimiento por la oposición, el trabajo de la Sindicatura acabará en la Junta General del Principado. De esta forma vuelve el expediente a ser examinado en la misma Cámara donde se había dado una respuesta insatisfactoria para el PP. Cabe otro final para la investigación de la Sindicatura de Cuentas, que consiste en que la institución fiscalizadora aprecie la comisión de un delito y dé traslado del mismo al Tribunal de Cuentas. Tras un largo rodeo estaríamos en la vía jurisdiccional a la que podía haber acudido directamente el PP tras ver frustradas sus expectativas en el Parlamento. Llevar el asunto a la Sindicatura sólo otorga una garantía para el PP: la vuelta del expediente al Parlamento, para ser tratado con previsible estrépito. Veamos ahora el asunto desde el punto de vista de la institución que fiscaliza.
Coincidencias
La Sindicatura de Cuentas fija autónomamente su agenda de trabajo, sin que le corresponda actuar por encargo. Los debates en el Parlamento sobre entes del sector público son de sobra conocidos por la Sindicatura. Puede que la denuncia de la oposición entre dentro del plan del trabajo fijado ya por la Sindicatura y estén ambos apuntando hacia el mismo blanco. En ese caso, para la Sindicatura es una coincidencia fastidiosa que el PP le diga lo que tiene que hacer cuando los síndicos ya habían decidido por su cuenta hacerlo.
En el supuesto de que se dé una situación distinta, en el que la denuncia de la oposición no entrara dentro del plan de trabajo previsto por la Sindicatura, cualquier receptividad hacia la propuesta debe ser resuelta por consenso. Es completamente legal tomar decisiones en el consejo por mayorías de dos contra uno, pero es delicado adoptar medidas a instancias de parte apoyándose en el juego de las mayorías. La secuencia formada por la queja de un grupo político y la actuación de los síndicos debe estar alejada de cualquier tipo de automatismo. La imagen de independencia de la institución se juega en decisiones de este tipo. Y aquí llegamos al fondo del asunto.
Como diputados y síndicos son ya muy mayorcitos no cabe incurrir en ingenuidad. La Sindicatura de Cuentas tiene en Asturias cuatro años de antigüedad y es una institución con falta de rodaje y de asentamiento en la sociedad. Se optó por un perfil de síndicos que en algún caso tiene como principal rasgo de su biografía la dedicación activa a la política. Cuando da sus primeros pasos una institución de esta naturaleza, la primera obligación es demostrar independencia del poder, y el segundo deber consiste en estar alejado de los intereses de la oposición. La combinación de estas dos premisas no condena a la inactividad a la Sindicatura sino que la obliga a moverse sobre bases firmes.
Buenas prácticas
Del poder se está alejado cuando se adopta, sin excepción, el código de comportamiento del Tribunal de Cuentas, máxima institución fiscalizadora en la actividad económica de las administraciones. De la oposición parlamentaria se muestra lejanía cuando se fiscalizan los entes locales que están bajo su tutela. Pongamos un ejemplo: si las contrataciones del IDEPA son muy interesantes, tampoco carece de gracia conocer la forma de privatización de servicios en el Ayuntamiento de Oviedo.
Para evitar la sombra del partidismo y reforzar el papel institucional de la Sindicatura las principales decisiones deben tomarse por consenso. Es muy extraño que el programa anual de trabajo de la Sindicatura de Cuentas se apruebe en contra de la voluntad del síndico mayor. Es curioso que entre la programación de fiscalizaciones de la Sindicatura se encuentre un hueco para algunas de las quejas del grupo parlamentario popular y no pueda integrar todas las propuestas del síndico mayor. Son decisiones legales, pero no ayudan a reforzar la imagen de independencia de la institución.
Por el prestigio de la Sindicatura deben velar el Gobierno, con su cooperación, y el Parlamento, con su auxilio. Ahora bien, el mayor esfuerzo en esta materia le corresponde a los síndicos.