El debate sobre el estado de la nación tiene en los últimos años dos partes, la que concita más interés, relativa a la polémica entre Zapatero y Rajoy, y otra, más extensa, dedicada al largo turno de intervenciones del resto de portavoces parlamentarios y sus correspondientes réplicas por parte del presidente del Gobierno. Esta división se acentúa en cada legislatura, porque los dos grandes grupos cada vez tienen más escaños en el Congreso (324), mientras que la suma de nacionalistas, regionalistas, izquierdistas y grupos transversales se quedan en 26 escaños. En gran medida, para la opinión pública, el debate sobre el estado de la nación se reduce al pulso entre los dos principales líderes, como si las sucesivas decisiones del cuerpo electoral hubieran hecho que un sistema de asignación de escaños de corte proporcional, aunque corregido, se hubiera transformado en un sistema mayoritario.

Zapatero y Rajoy discutieron de la crisis económica y de todo aquello que tiene que ver con la reactivación de la coyuntura, como el tipo de educación que reciben las nuevas generaciones. Las propuestas concretas de Zapatero (rebaja del tipo de impuesto de sociedades para las pymes, cambios en las deducciones fiscales por compra de vivienda, subvención para la compra de automóviles, asignación gratuita de ordenadores portátiles para niños) estaban mucho más relacionadas con la letra de un programa electoral que con un plan para salir de la recesión económica. Rajoy no supo captar la táctica de su rival y se recreó en repetir las horribles ratios que presenta la economía española. Dos planteamientos distintos que sólo entraron en sintonía cuando ambos líderes descendieron al terreno de las descalificaciones.

La gente quiere que en el Parlamento se discuta de las preocupaciones de la calle. En esta ocasión, no pueden venir por ese lado las quejas. El problema estriba en que Zapatero y Rajoy pueden discutir sobre problemas sociales o sobre la descentralización del Estado, pero su conocimiento del manejo de la economía es tan bajo que los discursos se reducen a las bonificaciones que obtendría un hipotético comprador de pisos, coches u ordenadores, o a hacer una mera descripción de las calamidades del presente. Dos discursos pensados para las elecciones del 7 de junio.